TV-3, prueba de cargo

La yenka del conseller Giró, bailada sobre la función del ICF, es solo un ejemplo más de la habilidad de los dirigentes independentistas para crear problemas sobre problemas, hasta el punto que la prioridad acaba siendo minimizar las consecuencias del último fiasco. Hay unos altos cargos sospechosos de haber gestionado el dinero público con alegría partidista, a los que el Tribunal de Cuentas pide unos avales por si acaso se pudiera demostrar tal acusación, amenazándoles con el embargo cautelar de no disponer de respaldo bancario. A día de hoy, hay además un decreto ley en el alero, el de la creación del fondo para avalar estos casos, un aval del ICF que perjudicará probablemente su reputación en el proceso para convertirse en banco, una prueba urbi et orbi de la desconfianza de la banca en la Generalitat y la posibilidad de que el órgano fiscalizador amplíe sus pesquisas a todo el Govern catalán, por avalar con dinero público una supuesta deuda pública.  

La fiscalización exigirá un escrupuloso trabajo de cirugía administrativista y aun así, las dudas sobre la imparcialidad aflorarán, inevitablemente. En el Tribunal de Cuentas se persigue una eventual atribución de responsabilidades contables, de ahí que no tengan que buscar pruebas de cargo en el sentido penal estricto. De hacerlo, podría darse la paradoja de que el entusiasmo desatado de algunos periodistas de TV-3 en sus crónicas de los viajes institucionales acabara perjudicando a sus favoritos. 

La interpretación de miles de expedientes para separar la gestión competencial de la aventura propagandística tiene un alto grado de subjetividad, lo que supone un peligro evidente en manos de un tribunal que no es precisamente un dechado de virtudes. De entrada, habrá que aceptar que tan descabellado sería suponer que todo el gasto de la acción exterior de la Generalitat fue instrumentalizado en favor de un proyecto ilegal para Catalunya como presumir que todo lo invertido era impecablemente estatutario. Ni tanto, ni tan poco.