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Pensiones públicas para los 'baby boomers'

El reto de la reforma del sistema debe ser mantener las actuales prestaciones e incrementar las más bajas

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firma su primer acuerdo en pensiones; en presencia de los líderes patronales y sindicales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firma su primer acuerdo en pensiones; en presencia de los líderes patronales y sindicales. / Ballesteros / EPC

 

El Gobierno alcanzó, a principios de julio, un acuerdo con los agentes sociales como primera parte de la reforma de las pensiones que quiere completar a lo largo de esta legislatura. El pacto se espera que pueda ser aprobado en el Congreso de los Diputados en las próximas semanas. 

 

Este primer escalón incluye la actualización de las pensiones en función del IPC y medidas para acercar la edad efectiva de jubilación (64 años y 6 meses en 2020) a la edad legal (66 actualmente y 67 a partir de 2022), mediante un endurecimiento de las jubilaciones anticipadas y de incentivos al retraso de la jubilación.

 

La norma también deroga el factor de sostenibilidad incluido en la reforma del Partido Popular de 2013, el cual vinculaba la edad de jubilación a la esperanza de vida, penalizando las pensiones por una mayor esperanza de vida. Sin embargo, se ha dejado para fases posteriores la negociación de una nueva fórmula.

El factor de sostenibilidad es un mecanismo de ajuste automático de ciertas variables, como la edad de jubilación, los años de cotización necesarios para la jubilación o el importe inicial de la pensión, que se vincula a la esperanza de vida. Es la fórmula, pues, que asegura la sostenibilidad del sistema público de pensiones públicas –entendido este como que el sistema no pueda quebrar-, pero lo hace sin garantizar las propias pensiones, dado que según cual sea la evolución de los parámetros incluidos en la fórmula, las pensiones serán unas u otras.

Bajo mi punto de vista, el objetivo de las reformas no debe ser hacer sostenible el sistema ajustando las pensiones (en la práctica, esto significará que los trabajadores deberán trabajar más años o que se les bajará la cuantía de las pensiones a través de alguna fórmula imaginativa, o una combinación de ambas), sino hacer sostenibles las pensiones públicas actuales –e incluso mejorar algunas de ellas-, ajustando su financiación.

Un sistema de pensiones de reparto no sólo significa que los trabajadores (cotizantes) actuales pagan las pensiones de los jubilados de hoy, sino también que los primeros están adquiriendo el derecho a recibir sus pensiones en el momento de la jubilación.

En este sentido, téngase en cuenta que el Fondo de Garantía de la Seguridad Social (la llamada hucha de las pensiones), creado el año 2000, y en el que llegó a haber más de 65.000 millones de euros (en 2011), si se hubieran depositado en él los superávits generados por el sistema desde que se puso en marcha (en 1978), los cálculos indican que, en la actualidad, dispondría alrededor de 600.000 millones de euros, suponiendo una capitalización de esos superávits anuales acumulados del rendimiento medio de la deuda pública española a lo largo del periodo.

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Ciertamente esos superávits no se introdujeron en la hucha pero eso no significa que no existieran y mucho menos que los trabajadores que los hicieron posible no cumplieran con sus deberes con el sistema. Por lo tanto, adquirieron unos derechos para cuándo llegara el momento de su jubilación.

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Y teniendo en cuenta que los superávits del Sistema de Pensiones generados hasta el año 2000 y que no se "guardaron" fueron utilizados para financiar otros gastos de los Presupuestos Generales del Estado, parece ahora lógico y justo reclamar que sean estos mismos presupuestos los que financien los previsibles déficits, presentes y futuros.

El reto pues, debe ser mantener las actuales pensiones e incrementar las más bajas. Y si se introducen cambios en las reglas "de la partida", ello no puede derivar en un recorte de los derechos adquiridos, en todo caso, aumentarlos. El argumento demográfico no debe servir para justificar una pérdida de derechos. Seguramente, para ello se debería acometer una reforma tributaria que permitiera acercar a la economía española a las recaudaciones fiscales, en porcentaje del PIB, de los países más avanzados de la Unión Europea. Y es que, como decían Holmes & Sunstein en su libro de 2011, los derechos cuestan dinero.

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