Necesaria memoria democrática

El Consejo de Ministros aprobó este martes la ley de memoria democrática, que viene a sustituir a la ley de memoria histórica de 2007, puesta en marcha durante el primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Entre los últimos retoques introducidos en el proyecto destacan la inclusión entre las víctimas de los sindicalistas represaliados y de los militares de la Unión Militar Democrática.

La ley es un homenaje y una reparación a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista –habrá dos fechas para recordarlas–, que se propone la ilegalización de las asociaciones que «hagan apología del franquismo, que ensalcen el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas (…) o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales». El acento que se pone sobre las víctimas ha sido incluido a sugerencia del Consejo General del Poder Judicial, que, en un informe crítico, defendió que la mera defensa del franquismo podía inscribirse en la libertad de expresión. La ley permitirá la ilegalización de la Fundación Francisco Franco.

El proyecto de ley declara asimismo nulas las condenas del franquismo dictadas por razones ideológicas, políticas, de conciencia y religiosas, y la ilegitimidad de los tribunales del franquismo. Ambos puntos se podrán aplicar a la sentencia del ‘expresident’ Lluís Companys. Otros aspectos de la ley, que fija un marco sancionador con multas desde 200 a 150.000 euros, son el nombramiento de un fiscal especial para indagar violaciones de derechos en la guerra y la dictadura y para impulsar la búsqueda de las víctimas que se encuentran en fosas comunes y cuyos gastos serán sufragados por el Estado. Al mismo tiempo, el Valle de los Caídos será resignificado para convertirlo en un cementerio civil, del que saldrán las víctimas que no murieron en la Guerra Civil. Ello permitirá, como ya ha anunciado el Gobierno, la exhumación del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. Finalmente, el Gobierno podrá retirar medallas y honores concedidos a los participantes en la represión, como, por ejemplo, las medallas al policía Billy el Niño, que podrá perderlas a título póstumo.

Como ya sucedió con la ley de Zapatero, la de memoria histórica nace con polémica. La derecha la rechaza de plano –Pablo Casado ya ha dicho que la derogará cuando gobierne– y los socios del Gobierno la consideran incompleta, así como algunas asociaciones de la memoria –la ley elude las indemnizaciones económicas–, aunque reconocen que es un paso adelante. La derecha acusa al proyecto de ley de extemporáneo –un regreso al pasado– y revanchista. Sin embargo, el ambiente creado por la irrupción de la extrema derecha y por algunas manifestaciones cada vez más desvergonzadas en defensa de la dictadura demuestra que la ley es necesaria, 85 años después del golpe de 1936.

El último ejemplo son las declaraciones del exministro de UCD Ignacio Camuñas que, en presencia de un pasivo Casado, afirmó el lunes que en julio de 1936 no hubo ningún golpe de Estado y que la responsabilidad de la Guerra Civil fue del Gobierno de la República. Este y otros episodios son la muestra de que algunos responsables políticos no aceptan los hechos objetivos y están dispuestos a manipular la historia y la memoria.