El poder político de los tribunales

Considero motivo de reflexión que algunos tribunales anden transcendiendo, más de lo habitual, las fronteras de sus competencias. Es conocida la capacidad del poder judicial para hacer leyes a través de la llamada jurisprudencia, es decir, de las resoluciones judiciales que tienen el gran poder de interpretar la ley. Nada que decir sobre esta cuestión, bueno sí, que a través de la jurisprudencia se puede analizar un sesgo conservador de la judicatura española.

Pero de lo que estoy hablando es de otra cuestión que, en mi opinión, va más allá del trabajo que tiene encomendando el poder judicial. Estoy hablando de hacer política, determinar qué es un problema y qué no lo es o calificar que algunas acciones del Gobierno son fruto de su propia necesidad, como si pudieran y debieran desenmascarar al Ejecutivo y sus decisiones políticas. La última, la inconstitucionalidad del estado de alarma.

Protagonistas de la política

Durante toda la pandemia, los tribunales han sido protagonistas de la gestión, el obligado pronunciamiento sobre derechos fundamentales los ha llevado hasta la esfera pública y publicada, en la que, a través de sus resoluciones, se han posicionado sobre las decisiones de los gobiernos. Estaría bien que, de igual modo que el poder ejecutivo o que los científicos durante esta pandemia, los tribunales tuvieran la obligación de explicarse, de contestar preguntas a los periodistas con una clara voluntad de transparencia sobre su trabajo, que básicamente consiste en interpretar leyes.

Nada más y nada menos que interpretar, que como el mismo verbo sugiere, no se trata de una mera traslación directa del contenido de la ley, sino de determinar el significado y alcance de las mismas. Y como hemos visto durante la pandemia, unos a favor de los ejecutivos y otros en contra con la misma ley. Pero, claro está, con distinta interpretación. La última, el TC sobre la inconstitucionalidad del estado de alarma del primer confinamiento.

Sesgos

Pero, además de las leyes, los tribunales también interpretan la realidad. Son ellos los que consideran que una violación es solo una agresión. Son ellos lo que catalogan una determinada agresión con el agravante de delito de odio o no en el caso de homofobia o racismo. En definitiva, aplican las leyes con un sesgo personal que también es ideológico. Pero sobre esto, a pesar de discrepar con sentencias como las de la Manada, hay poco que objetar. Ya sabemos que la democracia no es perfecta y la justicia, tampoco.

Sin embargo, considero que hay mucho que objetar cuando los tribunales se exceden y hacen política en mayúsculas, y me refiero a la desestimación del recurso planteado por la Fiscalía contra el nefasto cartel electoral de Vox que estigmatizaba y señalaba a un supuesto menor no acompañado, acusándole de usurpar recursos públicos de nuestros mayores. La Audiencia Provincial de Madrid no solo no consideró que el cartel vulneraba los derechos de un colectivo de especial protección por la ley, como son los menores, sino que, además, afirmaba que “son un evidente problema social y político”.

Demasiada interpretación

Esta afirmación está fuera del marco de lo jurídico, puesto que este poder del Estado no debe inmiscuirse en la definición de los que supuestamente son problemas sociales o políticos. De la misma manera, el Tribunal Supremo, que, con todo su derecho, se oponía a los indultos, en el informe sobre los mismos afirmó que la “singular perspectiva que ofrece el caso” radica en que algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia “son precisamente líderes políticos de los partidos que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del Gobierno llamado al ejercicio del derecho de gracia”, haciendo referencia a la figura del “autoindulto”, algo no permitido por nuestra Constitución.

Esta interpretación de la política va más allá de la argumentación jurídica que se le pide al Supremo porque, políticamente, el Gobierno, con unos Presupuestos aprobados, no necesita de los partidos independentistas para acabar el mandato. Sin embargo, ¡oh, qué casualidad!, ha sido este el argumento más esgrimido contra los indultos por parte de la oposición política.

Judicatura secuestrada

En este punto, cabe recordar que el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional están caducados hace más de dos años y que la voluntad política del PP hace que el órgano de gobierno de los jueces esté secuestrado y que ya no represente a las mayorías parlamentarias que guían su renovación.

¿Por qué han seguido nombrando jueces durante todo el tiempo que se les ha permitido? ¿Por qué los garantes de la Constitución, que son los miembros del CGPJ o TC, no dimiten para obligar a los políticos a que cumplan la ley? Porque los tribunales tienen un poder político a través de la interpretación de la norma. Pero es que, además, ahora algunos hacen política con resoluciones que van más allá de sus competencias. Y mi pregunta es: ¿quién juzga a los jueces y a su gobierno? Muy preocupante la voluntad de algunos de ellos hacer política.

Suscríbete para seguir leyendo