Plan verde de Bruselas socialmente problemático

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El paquete legislativo presentado esta semana por la Comisión Europea para reducir las emisiones de gases y frenar el cambio climático resulta problemático por el elevado coste que impondrá a los ciudadanos con ingresos medios y bajos, dado el limitado efecto que puede esperarse del fondo social anunciado. La importante subida de los costes energéticos que conlleva para los hogares agravará las desigualdades y podría desencadenar una ola de protestas, instrumentalizable por la ultraderecha. En Francia, se desencadenó en 2018 una prolongada inestabilidad con las protestas de los chalecos amarillos por la subida de los impuestos de los carburantes, decretada por el Gobierno como "política verde" y que se vio obligado a anular.

Una de las piezas centrales de la propuesta de la Comisión Europea es crear un sistema de comercio de derechos de emisión de gases (ETS, en inglés) para el consumo energético del transporte y la vivienda. Esto disparará la factura energética de las familias europeas, a causa del sobrecoste que implicarán esos derechos de emisión en los recibos domésticos y de los carburantes, detalla el estudio elaborado por Cambridge Econometrics, Polish Economic Institute y European Roundtable on Climate Change and SustenableTransition.

El informe calcula que el sobrecoste energético global para los hogares de la UE en el periodo 2025-2040 ascenderá a 1,11 billones de euros, a causa de incluir el transporte y la vivienda en el sistema de derechos de emisión. El sobrecoste anual medio de la factura energética de cada hogar en la UE por la vivienda se situará en 429 euros y por el transporte en otros 373 euros, indica el informe. Para el 20% de los hogares con menor nivel de ingresos el coste energético de la vivienda aumentará el 50% y el del transporte el 44%.

Trabas para acceder al fondo social

La Comisión Europea propone un fondo climático social, dotado de 72.200 millones de euros para el periodo 2025-2032 (20 euros anuales per cápita) y destinado a financiar planes nacionales de ayudas directas, la mejora energética de las viviendas y la compra de coches eléctricos. Las habituales trabas burocráticas nacionales para las ayudas sociales demorarán la eventual percepción de esa ayuda directa, mientras que la subida de las facturas energéticas se sentirá de inmediato. Cuando muchas familias a duras penas puede npagar las hipotecas o los elevados alquileres, difícilmente pueden afrontar gastos en obras de eficacia energética, cuya eventual subvención parcial depende de las exigencias y arbitrariedades de la Administración. 

La directora general de la Organización Europea de Consumidores (BEUC), Monique Goyens, avisa de que ese sistema de ayuda “demasiado complejo” no servirá en la práctica. Ruth Schofield Owen, directora adjunta de la organización social FEANTSA, señala que nuevas tasas, normas y exigencias no corregirán una situación ya socialmente regresiva. El encarecimiento para los hogares de la factura energética doméstica y de los transportes ,si se aprueba el plan de la Comisión Europea, se producirá en un contexto de persistente pobreza energética, que afectaba a más de 30 millones de personas en la UE en 2019, antes de la actual crisis, según el Jacques Delors Institute.

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La grave desigualdad social existente en la UE no parece haber sido tenida suficientemente en cuenta por la Comisión Europea. La percepción de los sacrificios asumibles no es la misma con el sueldo mensual superior a los 22.000 euros de un comisario europeo (o los más de 15.000 euros de los altos funcionarios que han diseñado el paquete) que con los modestos ingresos de la mayoría de los europeos. En España, el sueldo más frecuente equivale a 1.540 euros mensuales brutos, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). El 16,9% de las personas con empleo en España en 2020 tuvo dificultades para llegar a final de mes, precisa el INE. Además, el 26,4% de la población española está en riesgo de pobreza y el 35,4% de los hogares no puede afrontar ningún gasto imprevisto.

El plan de la Comisión Europea de prohibir a partir de 2035 nuevos coches y furgonetas con motor de combustión o híbridos (las motos y los camiones no se mencionan en la propuesta) puede abrir otra desigualdad en el ámbito la movilidad personal, ya que un coche eléctrico es muchísimo más caro que uno tradicional y el coste de la recarga eléctrica era el doble que el diésel en España antes de la subida de la luz de los últimos meses (excepto si se vive en un chalet con garaje privado para recargarlo con tarifa nocturna).