Paradojas

A pesar de los peores augurios, la concesión de los indultos a los dirigentes independentistas condenados por el Tribunal Supremo parecen haber generado más externalidades positivas que negativas.

Ciertamente ha soliviantado a la derecha y a la extrema derecha (con la primera en posición de subalternidad con respecto a la segunda) de ámbito estatal: palabras altisonantes, amenazas de moción de censura, incluso se ha jugado a involucrar al jefe del Estado en una maniobra unilateral –en este caso sí– de más que dudosa obediencia constitucional. También en Catalunya se han escuchado narrativas incendiarias de traiciones y arrodillamientos, de rendición, todas ellas deudoras de un imaginario nacionalista tradicional bien lejano de la tan cacareada revolución democrática de las sonrisas.

Y, sin embargo: las derechas en Colón pincharon; la recogida de firmas del PP se quedó en aguas de borrajas y en Catalunya las movilizaciones irredentistas animadas por la ANC fueron un sonoro fracaso. Mientras tanto, las mayores cabeceras del mundo aplaudían la decisión del Gobierno de coalición presidido por Sánchez, como también –de manera más discreta, como es normal– las cancillerías europeas, mientras el Gobierno recibía el apoyo de los representantes empresariales, la Conferencia Episcopal y nada menos que del secretario general de la ONU, que ha alabado sin ambages la vía del diálogo y de la negociación emprendida por el Gobierno español.

Siempre puede haber retrocesos –las “piedras en el camino” (según definición del ministro Ábalos) del Tribunal de Cuentas y la precariedad política y sobre todo jurídica del fondo que la Generalitat ha habilitado para cubrir las fianzas están ahí para demostrarlo–, pero parece que el escollo preliminar, aquello que impedía vislumbrar siquiera por dónde se podría avanzar, parece haya sido removido.

Los efectos se han notado: en 10 días se asistió a varios encuentros de diferente tipo en que coincidieron miembros del más alto nivel del gobierno de la Generalitat, del Gobierno central, del Ayuntamiento de Barcelona y en los cuales, en más de una ocasión, coincidió también el jefe del Estado. También hubo una primera reunión entre Sánchez y Aragonès en un marco de normalidad institucional: se constató a la vez la lejanía de las posiciones iniciales y la voluntad de perseverar en el diálogo.

Ahora empieza el tan anhelado “tiempo de la política”: de las propuestas, de los acercamientos, de la cintura para favorecer la búsqueda de soluciones que puedan concitar un consenso mayoritario. Empieza la parte difícil. También la parte más interesante, en la cual cada actor deberá esforzarse no ya en plantear una retórica voluntad de vencer, sino una concreta e inteligible capacidad de convencer.

Algunos actores ya han salido a la palestra. El ministro Miquel Iceta ha hablado de un acuerdo que garantice el reconocimiento nacional de Catalunya, el blindaje del autogobierno y un acuerdo de financiación, y el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, recogía la propuesta, identificando como –más allá de las convicciones de cada uno de los actores políticos implicados– esta puede ser una de las vías transitables para avanzar, poniendo el acento en que cualquier acuerdo reciba el consenso de la ciudadanía en las urnas.

El independentismo –el pragmático y el irredento, según la configuración de esta última temporada del ‘procés’–, más allá de las genéricas apelaciones a la amnistía y a la autodeterminación, tiene ahora mismo la palabra. Puede seguir en la casilla de salida o puede salir a jugar, confrontándose no con sus propios mitos, sino con la realidad. No solo de aquella marcada por la legalidad internacional y la legalidad constitucional (que descartan la aplicación tanto de la autodeterminación como de la amnistía) o por las relaciones de fuerza en las cámaras estatales, sino aquella de la propia sociedad catalana. La última encuesta del CEO arroja una foto bastante clara: no solo a menos de un tercio de los encuestados les gustaría que el ‘procés’ acabara con un Estado independiente, siendo en cambio claramente mayoritaria la opción de más autonomía (supera el 45%), sino que solo el 9,1% ve viable la independencia frente a más de un 42,2% que ve transitable un nuevo acuerdo de autogobierno. Sería toda una paradoja que la propuesta que ocupa la centralidad –en deseos genéricos y en planteamientos concretos– de la sociedad catalana la hiciera el Gobierno español y no el catalán, y que este último ni siquiera se sentara a debatirla. ¿No?

Suscríbete para seguir leyendo