Tribunal de Cuentas

Cornudos y apaleados

Una cosa es indultar a los presos del 'procés', para que salgan de la cárcel en aras de la convivencia y otra taparse los ojos ante esta nueva instrumentalización de los recursos públicos

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Conseller Jaume Giró

Conseller Jaume Giró / ACN

Hay que reconocer que el ardid ideado por el 'conseller' de Economía, Jaume Giró, para que la Generalitat avale las fianzas que exige el Tribunal de Cuentas a varias decenas de ex altos cargos por los gastos del 'procés', es ingenioso. No obstante, encubre lo que muchos juristas no dudan en calificar de prevaricación. Es insólito que una administración salga al rescate de la posible malversación cometida por su propio personal. Veámoslo. Aunque el dinero de la fianza lo depositaría una institución financiera privada (¿Caixa d’Enginyers?), el capital con los intereses generados le será reembolsado por el Institut Català de Finances, que es un organismo de la Generalitat. EL ICF hará de contraavalista mediante ese fondo que el ejecutivo de Pere Aragonès aprobó el martes por vía de urgencia. Y será la Generalitat quien reclamará a los condenados la devolución del dinero, si judicialmente la causa se resuelva en su contra. Pero si no pagasen, porque para entonces son insolventes o si alguien entre tanto falleciese, la administración autonómica asumirá las pérdidas. Tampoco descartemos otro truco final para perdonárselo todo. 

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Ignoro si el plan ideado por Giró, bajo la presión de Junts y aprobado pese a las dudas de ERC, tiene recorrido legal. El Gobierno de Pedro Sánchez debería impugnarlo ante el Tribunal Constitucional, porque huele a fraude de ley. Una cosa es indultarlos para que salgan de la cárcel en aras de la convivencia, una decisión necesaria en la que nadie sale perjudicado, y otra taparse los ojos ante esta nueva instrumentalización de los recursos públicos. A muchos constitucionalistas que hemos apoyado la medida de gracia se nos quedaría cara de cornudos y apaleados. No deseo la ruina económica de nadie y hay responsabilidades atribuidas por parte del Tribunal de Cuentas (como los 3,1 millones que le piden a la ex interventora general, Mireia Vidal) muy discutibles, pero el dinero malversado en el 'procés' desde 2012 ha sido ingente. Muchísimo más que esos 10 millones que ahora se les reclama. Si no los tienen, que monten otra colecta. Que sarna con gusto, no pica.