Después de los indultos

Las buenas maneras

Se ha iniciado la recuperación de las formas en la relación institucional, pero las posiciones de fondo son antagónicas en la cuestión de la independencia

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ’president’, Pere Aragonès, se dirigen a su reunión en la Moncloa el 29 de junio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ’president’, Pere Aragonès, se dirigen a su reunión en la Moncloa el 29 de junio. / DAVID CASTRO

Menos tensión emocional; más colaboración institucional. Este es el nuevo marco sociopolítico que se ha abierto tras los indultos a los líderes del ‘procés’ y la posterior reunión entre los presidentes Pedro Sánchez y Pere Aragonès. Se ha iniciado la recuperación de las formas, de las buenas maneras, en las relaciones institucionales, pero las posiciones de fondo no solo se mantienen distantes, sino que son antagónicas en la cuestión nuclear de la independencia. También en el plano social las fracturas siguen abiertas, tanto en el seno de la sociedad catalana como entre esta y una mayoría de la sociedad española.

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Somos muchos catalanes los que nos alegramos en el plano humanitario de los indultos, pero esta satisfacción no es incompatible con la censura política que mantenemos sobre los hechos de septiembre y octubre de 2017. Hacemos nuestro el primer y el último párrafo de un lúcido editorial del ‘Financial Times’ en favor del diálogo: “El referéndum destrozó a la sociedad catalana cuando los líderes secesionistas pisotearon las normas constitucionales y prescindieron de los estándares de consentimiento imperativos en una democracia moderna (…) Puede que no funcione, pero Sánchez tiene razón al intentarlo”.

Somos muchos catalanes los que compartimos la alegría de los presos y sus familias, pero este sentimiento tampoco es incompatible con el desasosiego que producen sus declaraciones, tanto en el plano emocional como sobre todo en el político. No pueden olvidar que los hechos de septiembre y octubre del 2017 no solo quebraron el consenso transversal del catalanismo, sino que produjeron en muchos ciudadanos una quiebra sentimental de su identidad dual, catalana y española. Tampoco pueden olvidar que el ‘derecho a decidir’ se concretó en una ley de referéndum de autodeterminación, aplicable a los pueblos bajo dominación colonial y no a un Estado de derecho como España.

Somos muchos catalanes los que pensamos, en sintonía con el carácter no militante de nuestra Constitución, que no se puede criminalizar la opción independentista, pero pensamos también que deben respetarse las reglas de juego, empezando en el interior mismo de Catalunya. Nada se podrá decidir en la mesa de diálogo si, previamente, no se ha forjado un amplio consenso en el Parlament, equiparable al exigido por el propio Estatut para su reforma: dos tercios. No se trata solo, como ha recordado el presidente del Gobierno, de respetar la Constitución; hay que empezar por cumplir el Estatut.

Somos muchos catalanes los que respetamos la opción independentista, pero queremos defender en igualdad de condiciones la vía federal: unidad y libertad, igualdad y diversidad, en el marco de las soberanías compartidas de la Unión Europea. Stéphane Dion, promotor de la ‘ley de Claridad’ canadiense, dictó en Barcelona al inicio del ‘procés’ (11 de abril de 2013) una conferencia de la que retengo unas reflexiones: “La secesión es un ejercicio, raro e inusitado en la democracia, por el que se elige a los ciudadanos que se quiere conservar y a los que se quiere convertir en extranjeros (...) La secesión automática impediría a la democracia absorber las tensiones propias de las diferencias”.

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Desde esta lógica, situar el referéndum de autodeterminación como premisa mayor de la mesa de diálogo es persistir en la vía de la democracia dual, de carácter ritual, que ya se ensayó en la consulta del 9-N y en el referéndum del 1-O. Bienvenidas sean las buenas maneras, la descarga emocional y el diálogo político, pero el independentismo persiste en el error de su hoja de ruta inicial: banalizar la secesión. La mesa de diálogo, así planteada, servirá para marear la perdiz durante un par de años para que Sánchez llegue al final de la legislatura y Aragonès siga cohabitando con el ‘legitimismo’ de JxCat antes de afrontar la moción de confianza impuesta por la CUP en su pacto de investidura.

La independencia de Catalunya solo se alcanzará, a largo plazo, si España es incapaz de reformarse. “El peor mal de España es la incapacidad congénita, incurable, de sus clases ‘conservadoras’, de la burguesía en bloque, para regentar la cosa pública”, escribió Gaziel en 1946. Hoy las tres derechas vuelven a evidenciarlo. Por fortuna, sin embargo, la patronal y la cúpula de la Iglesia esgrimen buenas maneras.