Indultos para hacer política

Cuando en el otoño del año 2017 la crisis catalana se precipitó y el gobierno de los jueces empezó a imponer su lógica, todos sabíamos que los indultos a los presos políticos catalanes acabarían formando parte de cualquier estrategia que aspirase a deshacer el enorme avispero en el que la política catalana y española quedará atrapada una buen número de años. Sabíamos que mientras la judicialización del conflicto político y sus consecuencias se mantuvieran vivas estaríamos en un campo de minas y no habría una vía abierta a las soluciones políticas. Sin duda, el más honesto aquellos días fue el hoy ministro Iceta, que ya defendió los indultos en la campaña electoral de aquel invierno. Dicen que algunos miles de votos le costó la defensa de los indultos, entonces quizás apresurada, pero que hoy se ha convertido en la aportación más concreta, y sin duda más arriesgada en términos políticos, del Gobierno Sánchez a la recomposición del escenario político catalán en el camino del diálogo y la voluntad de acordar. Y algunos, durante los primeros meses del año 2018, mantuvimos contactos sumamente discretos con la cúpula judicial. Nos preocupaba que el PP anunciara reformas legislativas para acabar con la posibilidad de los indultos por los delitos de rebelión y sedición y buscábamos aislar el PP en aquella maniobra. Hubo gente relevante del ámbito judicial que nos dio una respuesta suficientemente clara: los jueces harán su trabajo y después la política, con los indultos, hará el suyo y tiene todo el sentido que así sea, nos decían.

A la sociedad catalana en su conjunto le tocará repensar un proyecto nacional nuevo, que recupere los básicos que permitieron al catalanismo, durante el siglo XX, dibujar y compartir una determinada idea de Catalunya, válida para la inmensa mayoría ahora y aquí

Y ciertamente, como algunos afirman, el contexto europeo ha dado todavía más fuerza a la necesidad de los indultos. No ha ocurrido que Europa haya obligado a nada pero el marco europeo, al que pertenecemos por decisión propia y acertada, es el que es. Las instituciones, los tratados, las reglas y los principios que articulan, tanto las instituciones de la Unión Europa como también las del Consejo de Europa, son un límite poderoso a la razón de Estado. En Europa, los Estados son menos soberanos que nunca y el uso de la fuerza, de la que todavía ostentan la máxima legitimidad para usarla, está sometido a límites legales y políticos. Los Estados no pueden abusar de esta fuerza y si lo hacen acaban pagando las consecuencias, más tarde o más temprano. La vía que el Estado español emprendió en el otoño del 2017 para afrontar el reto político catalán se acabaría topando con un patrimonio tan definidor del proyecto europeo como son los derechos humanos. El Estado tiene la fuerza pero ya no la tiene toda. Y todo apunta a que el varapalo a la justicia española del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos del Consejo de Europa será claro y diáfano. Europa, pues, como la última muralla de protección ante el abuso del poder de los Estados continúa, a pesar de todo, teniendo su sentido.

Con la moción de censura de junio del 2018, que expulsó a Rajoy y el PP del Gobierno de España, empezamos el largo camino de volver a hacer política para buscar soluciones al conflicto. Sabíamos, no obstante, que el lío judicial y parajudicial que se ha desencadenado tiene vida propia y entorpece todavía la acción de la política de una manera decisiva. Estos días lo vemos con la vergonzante y abusiva actuación del Tribunal de Cuentas, o con el resto de causas judiciales todavía en marcha. La consecuencia de todo es muy evidente: el grosor del capital político de los presidentes Sánchez y Aragonès se continuará gastando en la limpieza del campo de minas en el que estamos instalados. Si tenemos los pies en el suelo sabemos que, a corto plazo, no habrá capacidad de acordar nada sustancial sobre el futuro político de las relaciones entre Catalunya y el Estado y las carpetas catalanas continuarán abiertas.

Las soluciones políticas al conflicto todavía tardarán, pues, años en encontrarse. Pero habrá que continuar haciendo camino y la resignación no vale. Los gobiernos catalán y español tendrán algunas obligaciones mínimas, tales como mantener la vía del diálogo, procurar no empeorar la situación, recuperar y cultivar la confianza mutua, ocuparse de gobernar una realidad económica y social tremendamente compleja de manera cooperativa, relanzar y modernizar la economía del país ... Y a la sociedad catalana en su conjunto le tocará repensar un proyecto nacional nuevo, que recupere los básicos que permitieron al catalanismo, durante el siglo XX, dibujar y compartir una determinada idea de Catalunya, válida para la inmensa mayoría ahora y aquí.

Suscríbete para seguir leyendo