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Andorra y el derecho de la Unión Europea

La hipoteca solidaria es un anacronismo andorrano que contrasta con la evolución del principado en otros órdenes

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La frontera entre Andorra y  El Alt Urgell, el pasado 7 de enero.

La frontera entre Andorra y El Alt Urgell, el pasado 7 de enero. / ALBERT LIJARCIO / ACN

Andorra és una meravella , gairebé un miracle

Tenía razón Salvador Espriu cuando decía que Andorra es una maravilla, casi un milagro. Andorra ha hecho una evolución profunda, tranquila, valiente, sin renunciar a su identidad y originalidad institucional: la Constitución de 1993, miembro del Consejo de Europa y de la ONU, abandonando la etiqueta de paraíso fiscal, homologada por la OCDE: intercambio de información fiscal y fin del secreto bancario. También ha establecido un marco de cooperación aduanera y judicial. Tiene un Concordato con la Santa Sede y recientemente, es miembro del Fondo Monetario Internacional. Por supuesto, son, entre otros, hitos importantes, aunque no todos.

Pero Andorra da la espalda al derecho de los consumidores y usuarios, obviando los principios fundacionales del derecho de la Unión Europea y a la imperativa aplicación de las "normas armonizadas”, con especial incidencia en relación con la aplicación de la Directiva 93/13 CEE, del 5 de abril, relativa a las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Esta falta de incorporación al ordenamiento jurídico andorrano afecta a los principios de seguridad jurídica del mercado interior, y más concretamente, del mercado financiero. Todo lo cual incide en los principios de “justo equilibrio de las prestaciones”, limita la autonomía o libertad de contratación, en la economía de mercado y su interrelación con el correcto funcionamiento del mercado.

En la contratación seriada, con condiciones generales de la contratación, concretamente, al concertar un crédito hipotecario, las entidades de crédito aplican principios del derecho romano, como es el de la “solidaridad” cuando se gravan varias fincas en garantía de un solo préstamo, en lugar de aplicar el principio de la “especialidad”, que descansa en la “distribución de la responsabilidad hipotecaria”, esto es, cada finca responde de una parte del crédito. El postulado de la hipoteca solidaria fue abolido por los legisladores desde 1861, corriente que siguen los países del entorno de Andorra como Francia, España y los principales países europeos y suramericanos, estos últimos, sus legislaciones inspiradas en la de España.

En la obra ‘Fonaments de dret privat andorrà’ ya se denuncia el anacronismo de la hipoteca solidaria, al señalar que “no pueden admitirse como válidas las hipotecas solidarias, ya que van en contra del orden público económico, perjudican al deudor y al crédito en general”. A continuación describe las características de la distribución de responsabilidad hipotecaria, para concluir que esta modalidad da seguridad en el tráfico jurídico y económico. Como también destaca el ilustre jurista catalán Roca Sastre en su magna obra ‘Dereho Hipotecario’, la hipoteca solidaria, hoy todavía vigente en Andorra, es un lastre para el consumidor de servicios bancarios, y absolutamente contrario a las mínimas exigencias comunitarias. Incapacita al propietario para poder organizar su patrimonio, pues otorga al acreedor poderes que exceden el fin de garantía perseguido. Como afirmó el jurista catalán, la hipoteca solidaria se presta a “engaños y maquinaciones fraudulentas”, pues, al fin y al cabo, se deja a merced del acreedor que fije el precio de las distintas fincas, de lo contrario no obtendrá su consentimiento para cancelar la hipoteca que grava la que pretende vender.

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Es el Parlamento, el Consell General, el que habría de dar adecuada y rápida respuesta a las aspiraciones de los ciudadanos. El artículo 50 de la Constitución establece que el Consell General expresa la representación de la población nacional, pues ejerce la potestad legislativa. Andorra ha de continuar siendo ejemplo en la modernización de su legislación para adecuarse a los conceptos comunitarios actuales de protección de los intereses de sus habitantes.

Creemos sinceramente que la justicia andorrana debería hacer una profunda reflexión, entre todos los niveles jurisdiccionales, ‘batlles’ y magistrados, incluidos los del Tribunal Constitucional, apremiando al Govern andorrano a modificar el actual tratamiento de la institución hipotecaria, como así ha ocurrido en España, a través de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, asentada en los principios comunitarios que incluso ha tenido que rectificar a favor de los usuarios de servicios bancarios, como consecuencia de las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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