Instituciones polémicas

Y ahora el Tribunal de Cuentas

Es discutible la base del razonamiento que parece emplear esta institución para desplegar toda su actuación contra los dirigentes independentistas

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Entrada de la sede del Tribunal de Cuentas en Madrid.

Entrada de la sede del Tribunal de Cuentas en Madrid. / ACN / ANDREA ZAMORANO

El 'procés' ha sido un desastre en términos individuales y colectivos, se mire por y desde dónde se mire. Expectativas nacionalistas masivas pero muy ilusorias, que se han visto frustradas abruptamente con mucho alarmismo, pero con un mínimo esfuerzo, por parte del Estado. Terror nacionalista por parte de muchos españoles, que creían que a su país se le escapaba un trozo más –el siguiente desde la pérdida del Sáhara Occidental, en 1975– y que, teniendo ese pánico exacerbado en mente, vieron un golpe de Estado donde solo había una enorme mascarada, igual que Don Quijote veía gigantes donde sólo había molinos. Queda para la historia el estrés absolutamente innecesario al que –en realidad– unos pocos han sometido a varias instituciones importantes, empezando por el Parlament, siguiendo con el Govern y llegando incluso al Tribunal Supremo, que está sufriendo severos correctivos internacionales, pasando por el Tribunal Constitucional, en el que algunos de sus magistrados han intuido por fin lo que se puede venir encima si se insiste en calificar de “insurgencia” lo que solo fueron manifestaciones, declaraciones grandilocuentes y actos jurídicos estériles, por parte de las instituciones autonómicas.

Con todo, este disparate conjunto –que ojalá hubiéramos evitado– ha dado la oportunidad de explicar al gran público conceptos e instituciones que casi nadie tenía en la cabeza hasta hace poco, como la Junta Electoral Central en su día, o ahora el Tribunal de Cuentas.

Sería oportunista descalificar en este momento a esta última institución. Para qué referirse al nombramiento de sus consejeros, similar al de los vocales del Consejo General del Poder Judicial o al de los magistrados del Tribunal Constitucional, o a la designación de varios de sus miembros o a sus tendencias ideológicas. Todo eso ya lo han leído o lo irán leyendo estos días.

El caso es que estamos ante un órgano con aspecto y funciones más administrativas que judiciales, al que la Constitución dotó de garantías de independencia e imparcialidad y que por tanto, aunque pueda ciertamente discutirse si es un auténtico tribunal, lo cierto es que funciona como tal. Y aunque se mantuviera que no lo es, sus resoluciones son recurribles ante la Sala III del Tribunal Supremo, que sí que es incuestionablemente un tribunal. Un escollo relevante es su superespecialización, que no es demasiado compatible con los criterios generales que deben inspirar la competencia de un tribunal de acuerdo con el derecho al juez legal, pero pocas vueltas se le pueden dar a eso con la Constitución en la mano.

Lo que es más discutible es la base del razonamiento que parece emplear el Tribunal de Cuentas para desplegar toda su actuación. Por la información que conocemos hasta ahora, en esta primera fase de recogida de vestigios y aseguramiento del patrimonio –más adelante vendrá otra de enjuiciamiento– el Tribunal parece tener por ilegítimos la mayoría de los gastos de la Generalitat relacionados con la promoción del proceso independentista.

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Y ahí está el problema. Todos los gobiernos realizan actuaciones políticas que no cuentan con el beneplácito de todos los ciudadanos de un territorio, pero sí con la mayoría de los que les han votado. En la medida en que no se hubiera hecho ningún gasto con actuaciones que provocaran una secesión ilegal, sino que todo se quedara en la promoción del anhelo de independencia compartido por una parte importantísima de la población catalana, ¿eso sería ilegítimo? Claro que la Constitución no autoriza la secesión de territorios, pero… ¿prohíbe dar salida a la promoción institucional de ese anhelo, a fin de obtener algún día, en un contexto incuestionablemente democrático, una separación absolutamente legal y por tanto pactada del territorio?

Ese va a ser uno de los puntos principales del debate, lo que involuntariamente traerá al centro del tablero, de nuevo, la voluntad de la sociedad catalana. Si se desea modificar esa voluntad, tal vez habría que centrar los esfuerzos políticos no en azuzar a los tribunales, sino en persuadir a los ciudadanos. Pero, en los últimos tiempos, los políticos solo parecen interesados en convencer a su propia parroquia. Ojalá cambie esa perspectiva. Sin duda beneficiaría a unos y a otros, es decir, a todos.