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Dar contenido al diálogo

Con la primera reunión entre Sánchez y Aragonès quedará clara cuál es la agenda del independentismo, mientras que es incierta cuál hay al otro lado de la mesa

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ’president’ de la Generalitat, Pere Aragonès, se saludan en el acto de entrega de la medalla conmemorativa de Foment del Treball, el pasado 7 de junio en Barcelona.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ’president’ de la Generalitat, Pere Aragonès, se saludan en el acto de entrega de la medalla conmemorativa de Foment del Treball, el pasado 7 de junio en Barcelona. / POOL MONCLOA / FERNANDO CALVO

Desde que el Consejo de Ministros del pasado martes aprobase el indulto a los presos independentistas con el objetivo de abrir una nueva etapa política en la gestión del conflicto catalán las reacciones en contra no se han hecho esperar. Vox y Ciudadanos, tal y cómo habían anunciado, han recurrido la decisión. El primero considerándose el único partido legitimado para hacerlo, por haber ejercido de acusación popular durante el juicio, mientras que Ciudadanos lo ha hecho a título individual, a través de Inés Arrimadas. Y el PP, que no quiere ser menos, busca legitimación para hacerlo tratando de ser considerada parte perjudicada, amparándose en un informe de la Guardia Civil que le sitúa como objetivo de los CDR. A los recursos hay que añadir la intención de Vox de querellarse contra el Consejo de Ministros, su amenaza de presentar una nueva moción de censura y su petición de ilegalizar a los partidos independentistas obviando que para ello habría que convertir a España en una democracia militante, algo que solo puede hacerse mediante una reforma constitucional. El PP, por su parte, se ha limitado a pedir la dimisión de Pedro Sánchez y a presentar mociones en contra de los indultos en los ayuntamientos, tras el relativo fracaso de su recogida de firmas y Ciudadanos se ofrece a apoyar una eventual moción de censura del PP. Las tres formaciones comparten argumentos: el Gobierno habría actuado de forma ilegítima, concediendo unos indultos que son vistos como una traición a España y que los presos independentistas no merecen, por la gravedad de los hechos por los que fueron condenados y por los que ni muestran arrepentimiento ni piden perdón.  Unos argumentos que se han visto abonados por el más que previsible comportamiento de los líderes independentistas tras su excarcelación. Lejos de mostrar arrepentimiento, algo que no es preceptivo para la concesión de los indultos, y ciertamente mostrando escasa empatía con los catalanes no independentistas, pero sin acogerse, de momento, a la consigna del ‘ho tornarem a fer’, han reiterado sus objetivos políticos, es decir la consecución de la independencia preferiblemente a través de un referéndum acordado y la amnistía. Ninguno de ellos, sin embargo, a pesar de considerarlo insuficiente, ha rechazado el indulto ni ha abjurado del diálogo.  

Es necesario es que el socialismo catalán defina su apuesta y si esta pasa por una reforma del Estatut debe concretar qué aspectos, en su opinión, deben ser reformados y cuál es el grado de apoyo del Gobierno de España

Y eso es, justamente, lo que se va a retomar una semana después de la concesión de los indultos, con la primera reunión al más alto nivel entre el presidente del Gobierno y el president de la Generalitat en la Moncloa, un encuentro que será el paso previo a la reactivación de la Mesa de Diálogo, entre los Gobiernos español y catalán. La agenda del independentismo está clara: referéndum y amnistía. Otra cosa es su viabilidad. En cambio, la agenda del Gobierno de España y la del socialismo catalán es incierta. Iceta ha expresado su deseo de que el resultado de la Mesa de Diálogo sea una reforma de corte federal. Illa, en cambio, plantea la necesidad de un abordaje propiamente catalán del conflicto e insta a Aragonès a crear una mesa de diálogo en Catalunya, algo innecesario existiendo el Parlament. Ante tal confusión, es necesario que el socialismo catalán defina su apuesta y si esta, efectivamente, pasa por una reforma del Estatut, debe concretar qué aspectos, en su opinión, deben ser reformados y cuál es el grado de apoyo del Gobierno de España, y particularmente del PSOE, que puede aprovechar el 40 congreso federal que celebrará en octubre para concretarlo. 

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Sin embargo, la reforma del Estatut no debe ser un fin en sí mismo. Es un instrumento que puede permitir avanzar en la resolución del conflicto, que no es otro que el reparto del poder y del dinero en el marco de un sistema de gobierno multinivel. Es por definición un instrumento inclusivo, participativo, deliberativo y de naturaleza consensual. Pero hay que evitar caer en el error, como hizo el independentismo con el referéndum, de convertir el instrumento en el objeto de disputa. Y ello solo será posible si se le dota de contenido y en el debate se expresan las distintas opiniones existentes en Catalunya. También esas en cuyo nombre dicen hablar el PP, Vox o Ciudadanos, que no deben inhibirse del debate sino empezar a hacer política.