Deriva antidemocrática

Nicaragua, otra vez

Todo indica que las elecciones serán un plebiscito autoritario para afianzar a Ortega y a su esposa, en la construcción de un régimen dictatorial de naturaleza familiar, cleptómana y represora

Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, en una imagen de archivo.

Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, en una imagen de archivo. / EFE

Salvador Martí Puig

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El primer artículo de opinión que escribí en EL PERIÓDICO fue sobre Nicaragua. Apareció el día 14 de octubre de 2010 y se titulaba “Nicaragua ya no es lo que era”. En dicho texto se señalaba que el Gobierno de Ortega empezaba una deriva autoritaria, si bien en ese período el FSLN no tenía el control de la Asamblea Nacional ni la mayoría de alcaldías del país. Desde entonces hasta hoy, Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo (hoy vicepresidenta de la República) han laminado cualquier atisbo de democracia y de contrapoder. Así las cosas, Ortega se ha presentado (y ganado) tres veces consecutivas a las elecciones para la presidencia de la República, a pesar de la prohibición expresa de la Constitución del país. Y todo indica que próximamente, el 7 de noviembre, Ortega volverá a concurrir en unas elecciones autoritarias, perpetuándose en el cargo.

En este proceso de deriva autoritaria ha tenido una importancia decisiva la inyección de recursos que llegaron masivamente de Venezuela, entre 2007 y 2013. En ese periodo el Gobierno de Nicaragua obtuvo petróleo gratis y accedió a un mercado (el del ALBA) en el que exportó, a precios favorable,s carne, azúcar y granos básicos. Con ese botín, y con una masa laboral disciplinada por los sindicatos sandinistas, Ortega cooptó a las élites empresariales y desplegó políticas sociales con las que contentar a los sectores empobrecidos del país, que son mayoría. En base a esta estrategia, y con medidas conservadoras en temas morales y de género, el FSLN consiguió la “cuadratura del círculo”: pactó con el gran capital, los sindicatos, las masas empobrecidas, la iglesia, las agencias internacionales (Banco Mundial y Fondo Monetario) e incluso con los Estados Unidos. 

La incapacidad de Ortega de negociar con todos aquellos con los que previamente había pactado mostró su debilidad. A partir de ese momento, la única salida que el Gobierno contempló fue la negación del conflicto y la violencia

Sin embargo, este esquema corporativo, mercantil, populista y conservador empezó a quebrarse en 2018. El fin del boom de las 'commodities' y el desplome del precio del petróleo arruinó las arcas gubernamentales de todos los países de la región pero ,sobre todo, las de su gran proveedor: Venezuela. Este dato es relevante, porque el detonante de la crisis política nicaragüense (en abril de 2018) fue una reforma del sistema de pensiones, debido al agotamiento de los recursos fiscales del Gobierno. Esta reforma enfureció tanto a los empresarios nicaragüenses, porque les subía las cotizaciones, como a los jubilados, a los que les recortaba sus pensiones. En ese momento los pensionistas se quejaron y el Gobierno respondió con una represión desmedida. Entonces emergió una ola masiva de protestas -conocida como la “primavera nicaragüense”- que hizo tambalear al régimen.  

La incapacidad de Ortega de negociar con todos aquellos con los que previamente había pactado mostró su debilidad. A partir de ese momento, la única salida que el Gobierno contempló fue la negación del conflicto y la violencia. En dicho contexto, la pandemia del covid-19 dio un respiro al régimen. La distancia social exigida por la OMS y el temor al contagio y a la represión devolvieron a los ciudadanos movilizados a sus casas y las protestas remitieron. Durante el ínterin de la crisis sanitaria el FSLN de Ortega no perdió el tiempo y en el año 2020 aprobó, en la Asamblea Nacional, una severa legislación represiva que ahora -a casi cuatro meses de las elecciones del 7 de noviembre- está aplicando a todos los disidentes. Muestra de ello es que, desde hace unas semanas, el Gobierno ha apresado a cinco candidatos presidenciales (con los que debería competir si existieran elecciones libres en el país) y a más de una veintena de líderes sociales y políticos, entre ellos varios connotados guerrilleros sandinistas que desde hace tiempo se distanciaron de Ortega, como son Dora María Téllez y Hugo Torres. 

Obviamente, nadie sabe cuál va a ser el desenlace de este episodio de furia y terror, pero todo indica que las elecciones de noviembre serán un plebiscito autoritario para afianzar a Ortega y a su esposa en la construcción de un régimen dictatorial de naturaleza familiar, cleptómana y represora. Otra cuestión es cuál será la gestión política del país a medio plazo. Es un clásico de la ciencia política señalar que con la violencia se puede conquistar el poder, pero que solo con ella es difícil perpetuarse en él. 

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