En clave europea

Hungría explota la debilidad europea

La firmeza que las instituciones y los líderes europeos han mostrado contra la nueva ley homófoba húngara contrasta con su pasividad mientras Orbán trasformaba desde 2010 la democracia de Hungría en un régimen autoritario con elecciones y suprimía de facto la libertad de prensa

Hungria Orban

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Eliseo Oliveras

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La cumbre de la Unión Europea (UE) ejemplifica de nuevo como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, explota la debilidad europea para seguir adelante con su agenda autoritaria. Orbán ha transformado en una década la democracia húngara en un régimen autoritario con elecciones y es el modelo para el Gobierno polaco de Ley y Justicia (PiS), para el primer ministro esloveno, Janez Jansa (Partido Popular Europeo), y para los líderes ultras italianos Matteo Salvini (Liga) y Giorgia Meloni (Hermanos de Italia).

Hungría se ha convertido en la “primera dictadura suave dentro de la UE” explican los profesores de Derecho Petra Bard y Laurent Pech en su estudio sobre el “modelo húngaro” de desmantelamiento de la democracia mediante sucesivas reformas constitucionales y masivas modificaciones legislativas “relámpago”. En términos académicos, Hungría se tipifica como un régimen autoritario competitivo, es decir, con elecciones, según la terminología acuñada por los politólogos Steven Levitsky y Lucan A. Way para definir los regímenes con elecciones pero sin democracia en su ensayo El Auge del Autoritarismo Competitivo. El historiador Timothy Garton Ash también avisa de la grave amenaza para el futuro de la UE que supone la consolidación en su seno de regímenes antidemocráticos como Hungría y Polonia.

Agresión homófoba

El último desafío de Orbán a los derechos y valores de la UE ha sido la transformación apresurada de un proyecto de ley contra la pedofilia en una ley de ocultación y silenciación de la homosexualidad. La ley ha generado un rechazo frontal de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo y de 17 jefes de Estado y de Gobierno de la UE, pero con escasas consecuencias prácticas.

La nueva ley húngara desencadenó un agrio debate en la cumbre, donde Orbán contó con el apoyo explícito de Polonia y Eslovenia y el respaldo tácito de los estados del Este que no habían firmado la carta conjunta de rechazo, como la República Checa, Eslovaquia, Lituania, Croacia, Bulgaria y Rumania.

La Comisión Europea ha anunciado que abrirá un proceso de infracción contra Hungría por violar el derecho comunitario, pero es un trámite muy lento y una eventual sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la UE no llegará probablemente hasta 2024. La sentencia contra la ley húngara de 2017, que forzó la expulsión de la Universidad Centroeuropea de Budapest en 2018, se produjo el 6 de octubre de 2020, cuando Orbán ya había logrado su objetivo.

Silencio europeo por el ataque a la prensa

La firme y loable reacción de la Comisión Europea y la mayoría de líderes de los Veintisiete en defensa de los derechos de la minoría LGBTI en Hungría contrasta con la pasividad mostrada ante la violación por parte del Gobierno de Orbán de los derechos políticos de todos los ciudadanos húngaros con las reformas de las leyes electorales para perpetuarse en el poder y con el control político de los medios de comunicación y la supresión de facto de la libertad de prensa, esencial para el debate y el funcionamiento de la democracia. Desde la llegada al poder de Orbán en 2010, Hungría ha retrocedido del puesto 23 al 92 en el ranking mundial de la libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras. La UE tampoco ha adoptado ninguna medida efectiva ante la instrumentalización política del poder judicial, ni sobre el control del partido gobernante sobre la sociedad civil, ni sobre el uso de las ayudas europeas para enriquecer a una oligarquía fiel.

La apertura del expediente contra Hungría por violación de los valores europeos y de los principios democráticos, en aplicación del artículo 7 del Tratado de la UE, se inició en 2018 por imposición del Parlamento Europeo, ante la pasividad de la Comisión Europea. Pero está bloqueado en el Consejo de Ministros de la UE, al igual que el abierto contra Polonia en 2017. Esta semana hubo un nuevo debate entre los ministros de los Veintisiete sobre ambos expedientes por primera vez desde 2019 sin que se adoptara ninguna decisión.

El nuevo reglamento, que condiciona las ayudas europeas al respeto de los principios democráticos, tampoco se aplicará de momento. La Comisión Europea no definirá sus directrices hasta que se pronuncie el Tribunal de la UE. El retraso es fruto del compromiso de la cumbre de diciembre de 2020 para superar el chantaje de los gobiernos húngaro y polaco, que bloqueaban la aprobación del fondo europeo de recuperación y del marco presupuestario 2021-2027. Por todo ello, Orbán se siente cómodo y confía en instrumentalizar las ayudas europeas para afianzarse y vencer en las elecciones de 2022.

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