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Los indultos: un punto de partida en disputa

El uso de la medida de gracia puede suponer la apertura de un proceso de negociación que, si las fuerzas independentistas y las que apuestan por reconocer la plurinacionalidad saben jugar, podría llegar muy lejos

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Pedro Sánchez, a su llegada al Liceu, en Barcelona.

Pedro Sánchez, a su llegada al Liceu, en Barcelona. / AFP / LLUIS GENÉ

Pedro Sánchez anunció ayer en un acto en el Liceu que durante el Consejo de Ministros van a ser aprobados los indultos a los nueve presos independentistas. Hace casi cuatro años que están en la cárcel y, a partir de esta medida, podrán recuperar una cierta normalidad en sus vidas. El presidente del Gobierno ha justificado la adopción de la medida apelando a la necesidad de reconstruir la convivencia y propiciar el reencuentro. Esta decisión, sin duda trascendental en la legislatura, coincide con el inicio de la presidencia de Pere Aragonès y con una cierta voluntad ciudadana de abrir una nueva etapa en Catalunya. De mirar a futuro.

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En estos momentos existen, grosso modo, tres posturas sobre los indultos. 1) Aquellas personas que entienden que es una medida ilegal e ilegítima. La foto de Colón alargada hasta el día de hoy, capitaneada por la extrema derecha de Abascal, secundada por azules y naranjas. En algunos casos apoyada por convencimiento, en otros muchos como apuesta de oposición al Gobierno del Estado (de la misma manera que lo fue la postura adoptada por el PP en el caso del Estatut o de las negociaciones con ETA, ambos con Rodríguez Zapatero de presidente). 2) Las que entienden que es una medida necesaria, por cuestiones de humanidad, y por un par de motivos más. Porque facilita la concordia: en esta argumentación encontraríamos una parte importante del mundo socialista, incluido el mismo Sánchez, aunque con distintos acentos. Porque posibilita avanzar hacia la resolución política del conflicto y supone, quizá, un primer peldaño para una amnistía de iure o de facto. Situaríamos en esta posición a una parte del independentismo (incluido el gobierno, aunque a veces con la boca pequeña), partidos nacionalistas e independentistas del Estado y la izquierda plurinacional (Podemos, Más País). 3) Las que se oponen desde un sector del independentismo catalán. Porque entiende que se trata de una medida menor, insuficiente, solamente útil para los intereses del Estado. Porque se considera que sacar a los líderes de la cárcel desactiva la tensión nacional-identitaria.

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Pablo Casado alertaba hace unos días de que los indultos no son el final sino un punto de partida hacia otro lugar: la destrucción de España. La existencia de Vox y sobretodo del ‘trumpismo’ en la propia casa (véase Isabel Díaz Ayuso) le hacen al líder del PP subir el tono de manera demagógica en toda declaración pública que hace últimamente. Pero, en el fondo, sus palabras estaban construidas en base a un análisis razonable. Hoy el propio Sánchez ha recogido el guante y ha afirmado que lo que dice Casado es incuestionable pero que la pregunta pertinente es: “¿Hacia donde nos lleva este primer paso?”. Y seguramente aquí es donde se encuentra el nudo de la cuestión: la disputa real y política que se abre a partir de ahora. O volviendo al desplegable de posiciones antes expuesto: la disyuntiva entre si la resolución del contencioso pasa principalmente por reconstruir una supuesta fractura social entre la ciudadanía, o si el avance requiere de reformas institucionales y culturales profundas (incluso aquellas que posibiliten un referéndum entre otra España y la independencia).

Porque la mesa de diálogo puede albergar una suerte de proceso de distensión entre Ejecutivos, retornando a una cierta normalidad ‘preprocés’. Sería la vía con la que se identifican algunos poderes fácticos catalanes y españoles que sienten añoranza hacia un pasado no muy lejano. En palabras del presidente del Gobierno: “Mi propuesta (…) es que sea la unión el instrumento del gran cambio social y económico que exigen Catalunya, España y Europa durante los próximos años”. Ahora bien, el uso de la medida de gracia puede suponer también la apertura de un proceso de negociación que, si las fuerzas independentistas y las que apuestan por reconocer la plurinacionalidad saben jugar, podría llegar muy lejos: abrir el melón del modelo territorial/nacional consolidado con los pactos de armonización autonómica (80 e inicios de los 90) y modelado por la deriva recentralizadora del segundo gobierno de Aznar. Aún estamos en el punto de partida, un escenario abierto y en construcción.