Apunte

Corrupción al otro lado de la cuerda

Las empresas del Ibex 35 suspenden en la información que aportan sobre su lucha contra las prácticas corruptas

Tribunal Supremo      David Castro

Tribunal Supremo David Castro / David Castro

Rosa María Sánchez

Rosa María Sánchez

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No siempre, pero casi siempre que hay un caso de corrupción en un cargo público hay una empresa en el otro extremo de la cuerda. En su reciente informe sobre la economía española, la OCDE subraya el elevado porcentaje de empresas que perciben la corrupción como un grave problema para hacer negocios en España (el 50%, frente a una media del 37% en la UE) y sus variadas prácticas, desde las más «pequeñas» (como los sobornos para obtener licencias o permisos) a las más «grandes» (cuando el cohecho afecta a importantes contratos públicos). La OCDE reconoce los esfuerzos de la legislación española para promover un marco más transparente, pero advierte de que «deben continuar» con medidas, por ejemplo, contra las «puertas giratorias» y para una mayor protección de los denunciantes de corrupción.

El Observatorio de Responsabilidad Social ha publicado también su informe sobre corrupción en las empresas del Ibex 35, a partir de los datos ofrecidos por las propias compañías relativos a 2019, y, aunque la nota global ha mejorado en cinco puntos, apenas llega a 29,14 sobre 100. 

Según el informe, 21 de las 35 empresas del Ibex tienen una política anticorrupción específica, pero solo nueve evalúan los riesgos de incurrir en ella. También es difícil de encontrar información sobre denuncias y multas a pesar de que, según los datos del Observatorio, 15 empresas se encontraban supuestamente implicadas en 2019 en un total de 34 casos de corrupción en España (como los vinculados con el excomisario Villarejo) o en otros países y 17 tenían casos activos por competencia desleal. Además, ninguna de las 24 empresas que estaban obligadas a hacerlo publicaron en sus webs todos los datos sobre las subvenciones y contratos públicos a lo largo del ejercicio. Y hay algo más: 23 de las 35 empresas analizadas prohíben la financiación de partidos políticos en todos los países donde operan pero solo 11 de ellas extienden la prohibición a fundaciones y candidatos de partidos políticos.

Contra la percepción de corrupción, transparencia. También en las empresas. Pues eso.

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