¡Viva España!... gritó Companys

Estaba interviniendo en las Cortes republicanas Ángel Ossorio y Gallardo, conservador y católico ferviente, en defensa del Estatut de Catalunya cuando fue acusado de traidor por el general Fanjul, también diputado pero del partido Agrario, el de los terratenientes. 

Aquel 6 de julio de 1932, la derecha que representaba Ossorio y propugnaba una “España libre, democrática y justiciera en la que quepamos todos”, quiso ser silenciada por la que, desgraciadamente, terminó imponiéndose a sangre y fuego; y se ha comportado siempre “más como extrema derecha que como derecha civilizada…que recurre ante la crisis de la nación al arbitraje dictatorial de la espada”, en palabras del mismísimo Ricardo de la Cierva e impidiendo que prosperase “un partido conservador en el sentido europeo y de modo especial en la acepción francesa o británica”, como echaba de menos desde las páginas de 'Cuadernos para el Diálogo', un par de años después del “contubernio de Munich”, otro antiguo falangista, José Antonio Maravall.  

 Pero, por un breve y esperanzador momento, unieron sus voces los contrarios civilizados, el que había sido gobernador civil de Barcelona con Alfonso XIII hasta la Semana Trágica cuando dimitió, porque se opuso a la intervención del ejército y tuvo que huir de la Ciudad Condal en un barco, y Lluís Companys, que vitoreó a la España ofrecida por el primero. No se quedó en un requiebro espontáneo durante una refriega parlamentaria. La escena se repitió con toda consciencia y voluntad el 9 de septiembre del mismo año en el hemiciclo, nada más aprobarse el Estatut. En esta ocasión Companys exclamó “¡VIVA NUESTRA ESPAÑA!”; acto seguido fue coreado por los demás diputados catalanes con un “¡VIVA NUESTRA CATALUNYA!”. Cristalizó aquél día la sincronía entre los anhelos de Catalunya y los de España, después de 15 meses de debate a partir del Estatut de Núria, redactado entre el 9 y el 20 de junio de 1931 por los partidos catalanistas y refrendado por el 99% de los votantes, en agosto del mismo año. Aunque de los 52 artículos del texto refrendado solo quedaron 18, en el que finalmente aprobaron las Cortes; su definición como “Estado autónomo” fue modificada por la de “región autónoma dentro de la España integral”(formulación del Estado contemplada en la Constitución de 1931) y gran parte de las competencias requeridas inicialmente quedaron en manos del Estado, el acuerdo fue posible y entusiásticamente asumido por el pueblo catalán. Así se lo demostraron a Manuel Azaña con el recibimiento que le brindaron, cuando fue a Barcelona a presentarle el Estatut a Macià quince días antes de su aprobación definitiva. No hubo concesiones a la galería ni ambigüedades; Azaña les dijo:” los catalanes sois de la República española, que os ha hecho suyos por la justicia”; y la gente congregada en la Plaza de Sant Jaume tronó, aclamando enfervorecida al presidente del Gobierno español.  

 Había habido un precedente de entendimiento digno de encomio. El 14 de abril de 1931, “l´avi” (el abuelo), Francesc Macià, proclamó la República Catalana, pero el gobierno provisional no respondió con virulencia sino mandándole a tres ministros, M. Domingo, N. D´Olwer y F. de los Ríos para dialogar. A los tres días, el 17 de abril, llegaron al acuerdo de retirar la declaración unilateral a cambio de la reimplantación de la Generalitat y del compromiso de elaborar el citado Estatut de autonomía; todo ello, aún antes de iniciarse siquiera los trabajos constituyentes de la II República, obviamente. Salvando todas las distancias históricas y políticas que se quiera, podemos evocar el encuentro entre Adolfo Suárez y Josep Tarradellas, que permitió afrontar el tramo de la Transición hacia la Constitución de 1978 en sana concordia con Catalunya. 

El Gobierno de coalición debe desplegar toda la pedagogía política para convencer a las mayorías sociales de que indultar a los políticos presos catalanes es un jalón en el único camino provechoso para todos: el del diálogo

 Pero también podemos establecer paralelismos históricos de signo opuesto y fatalmente negativos, para España y para Catalunya. En el 32 y en el 2006 las derechas reaccionarias desplegaron una bestial campaña de boicot a los productos catalanes, se manifestaron iracundos lanzando tremebundas premoniciones sobre la disolución de la Patria y el fin de España, etc. Entonces y después recurrieron a las más altas instancias judiciales para tumbar los estatutos correspondientes de cada época; en cuanto tuvieron el poder, emplearon la fuerza y suspendieron la autonomía de Catalunya. En nuestro tiempo, dejaron pudrir el 'procés' hasta la mascarada del 1-O de 2017 e intervenir desproporcionadamente, compartiendo así el ridículo que, de otro modo, habrían soportado exclusivamente los promotores del estrafalario referéndum; jalearon a los jueces para que los condenasen por rebelión y mantengamos los dedos cruzados, no vaya a ser que la justicia europea le dé otro revolcón a la española, enmendando las penas impuestas por sedición. 

  En suma, son las derechas que prefieren vencer a convencer, imponer la unidad por la fuerza a lograrla por el respeto mutuo y la justicia, quienes han engendrado siempre la espiral entre desafíos soberanistas y reacciones autoritarias. 

  Ahora ya están vertiendo fangos el presidente del Consejo General del Poder Judicial; la sala segunda del Supremo y las derechas que, juntas y revueltas, empantanan ayuntamientos con resoluciones furiosas, azuzan la rabia anticatalana recogiendo firmas y volverán a bramar desde la plaza de Colón de Madrid. Para que no falte nadie, también embarran algunos “barones” y “jarrones chinos” del PSOE. A todos hay que demostrarles la suerte que tienen porque los demás, empezando por el Gobierno, no sean como ellos para pagarles con monedas de similar impureza. 

 Pero que no se responda de la misma manera no puede suponer que se dé la callada por respuesta. Sin dejarse enredar con ditirambos leguleyos, pues quienes mejor saben que no es cuestión jurídica sino política son los propios magistrados que, para contravenir la concesión de los indultos, se han tenido que extralimitar políticamente en sus juicios, no estaría de más atesorar la memoria colectiva haciendo un somero recordatorio de los indultos concedidos por los sucesivos gobiernos democráticos. Aunque lo más urgente y constructivo es que el Gobierno de coalición y los partidos que los sustentan, así como las organizaciones sociales y sindicales inexcusablemente concernidas por este crucial reto de la democracia española, desplieguen toda la pedagogía política, que no han desgranado hasta el momento, para convencer a las mayorías sociales, así de Cataluña como del resto de España, de que indultar a los políticos presos catalanes es un jalón en el único camino provechoso para todos: el del diálogo.

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