LIBERTAD CONDICIONAL

Niñas acosadas y traiciones al feminismo

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Jonathan Robaina, en el juicio.

Jonathan Robaina, en el juicio. / Archivo

Miriam Martín tenía 16 años cuando empezó a recibir mensajes amenazantes desde cientos de cuentas diferentes. Lo sabían todo sobre ella: dónde vivía, en qué colegio había estudiado, sus horarios y rutinas.

Los padres de Miriam interpusieron 20 denuncias. Nadie intervenía esas cuentas. Hasta que el arma y las balas que aparecían en algunos de los mensajes que recibía Miriam se identificaron: correspondían a un reciente robo en una armería.

Localizaron al emisor de los mensajes. Tenía el ordenador lleno de fotos de chicas a las que amenazaba y acosaba. Decenas, ¿cientos? La mayoría, menores. Aseguró ser discapacitado. Pero nadie capaz de ponerle un programa de tracking a Miriam y conseguir así averiguar su dirección, nadie capaz de gestionar cientos de cuentas, podía tener sus capacidades mentales mermadas. Miriam está segura de que había fingido la discapacidad para cobrar una pensión. 

La cuestión es que se le juzgó, pero al ser discapacitado, recibió una pena inferior a dos años, y no fue a la cárcel.

Él había intentado tirar por un barranco a Vanessa Santana poniéndole una navaja en el cuello. Vanessa no denunció porque su tía le convenció de no hacerlo: Jony 'El Mafias' era su primo.

Durante el juicio, el abogado de Jonathan Robaina exigió que lo llamaran 'Lorena'

Tres meses después del juicio de Miriam, Jony robó las llaves del bolso de su tía. Se tapó la cara para que las cámaras no le reconocieran. Llegó a casa de Vanessa cuando sabía que estaría dormida y sola, porque conocía al dedillo sus rutinas, después de años espiándola. Le pegó 30 martillazos, la estranguló con una cinta para rematarla y finalmente eyaculó sobre el cadáver. Asistió al funeral de Vanessa, llorando, y dio el pésame a la familia.

¿Cómo puede ser que las redes sociales permitan que una persona abra cientos de cuentas sin exigir que verifique su identidad? ¿Cómo puede ser que Jonathan Robaina estuviera libre? ¿Cómo puede ser que a Miriam no le avisaran que su acosador era el asesino de Vanessa, que lo descubriera leyéndome a mí? ¿Cómo puede ser que los programas de 'trackeo' y espionaje a redes sean legales? ¿Cómo puede ser que el abogado de Jonathan exija –¡exija!– que durante el juicio se dirijan al acusado como 'Lorena'? ¿Cómo puede ser que Instituciones Penitenciarias haya reconocido a Jonathan como mujer?  

Jonathan no está haciendo mal uso de la ley, ni tampoco su abogado, ni Instituciones Penitenciaras. Están haciendo exactamente lo que la Ley Trans canaria les permite hacer.  

Se vino advirtiendo desde hace mucho tiempo que la Ley Trans nada tenía que ver con las mujeres transexuales, sino que ampararía a cualquier hombre que decidiera usarla para fines espurios. Como Jonathan, cuyo sueño dorado como predador sexual será estar en una cárcel femenina. Y por advertirlo, yo llevo un año recibiendo un acoso parecido al de Miriam: saben dónde vivo, mis horarios, mis rutinas, me insultan, me amenazan, se hacen pasar por mí… y las denuncias no sirven para nada.

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Entre tanto, Irene Montero ni siquiera comenta este caso. La familia de Miriam, o de Vanessa, o de todas las demás niñas a las que Jonathan acosaba no le merecen la menor compasión ni simpatía.  

Y esta, señores, es la tan cacareada igualdad que nos habían prometido los cantos de sirena de un feminismo posmoderno, que tiene de feminista lo que yo de Medusa de Aguamala.