Hacer un buen uso de los consejos científicos a los ciudadanos y a los políticos

Sería difícil no aceptar que las vacunas que han sido desarrolladas en un tiempo récord nos están ayudando a salir de la emergencia producida por el covid-19. La misma rapidez con que han sido desarrolladas hace que estén siendo aplicadas con unos niveles de incertidumbre en diferentes aspectos que han creado dudas a grupos de ciudadanos. Que haya varias vacunas basadas con tecnologías diferentes y producidas por grandes compañías farmacéuticas ha aumentado los niveles de confusión que llegan al ciudadano. Para los responsables políticos una manera de salir adelante cuando no saben qué hacer es consultar alguna comisión donde participan científicos. El último ejemplo nos lo ha dado el Gobierno español con la vacuna producida por AstraZeneca.

Hay ejemplos interesantes de que recurrir a comités es una solución que algunos gobernantes usan cuando quieren justificar sus decisiones. A finales del año 2010 el gobierno alemán publicó un plan para reducir en su país las emisiones de dióxido de carbono de forma drástica en el horizonte de 2050. Incluía el alargamiento de la vida hasta 2030 de las centrales nucleares alemanas que se enfrentaban a una fuerte oposición interna. Poco después de salir el plan se produjo la catástrofe de los reactores nucleares de Fukushima y el gobierno de la canciller Merkel se encontró en una situación difícil. La solución que encontró fue formar un Comité de Ética que examinaría la cuestión. Fue formado de personalidades muy significativas de la ciencia, la filosofía, la industria y de las iglesias alemanas. El Comité produjo un informe a finales de 2011 que recomendaba el cierre de las centrales nucleares en el año 2022 basándose en la falta de aceptación del público alemán y en la oportunidad que tenía la industria alemana de liderar la transición hacia la producción de energías renovables. La canciller Merkel lo tuvo fácil para cambiar su opinión.

El Comité de Bioética apoya que quien quiera una segunda dosis de AstraZeneca deba firmar un consentimiento informado

Hay multitud de ejemplos en los que los poderes públicos o también instituciones privadas constituyen algún tipo de comité o comisión para obtener una opinión que le ayude en sus políticas. Se trata de reunir personas con experiencias diversas que pueden examinar una cuestión desde perspectivas informadas y diversas y proporcionar a quien les ha convocado con una opinión que puede ser importante a la hora de tomar decisiones. Hace unos años la OECD hizo una serie de recomendaciones de qué condiciones deberían tener este tipo de instancias consultivas. Venía a proponer tres condiciones: que haya un mandato claro y qué consecuencias tendrá su opinión; que participen los actores más relevantes y que sean capaces de producir opiniones sólidas y sin intereses ocultos.

Tanto en España como en Catalunya no hay una tradición como la que tienen sobre todo los países anglosajones de consulta a comités científicos por parte de Gobiernos o Parlamentos. En el Parlamento de Catalunya hay un Comité (CAPCIT) que ha ido siendo renovado pero que ha sido poco consultado por los diputados. Hay una iniciativa llamada 'Ciencia en el Parlamento' que ha organizado reuniones en el Congreso de los Diputados en Madrid pero sin una estructura continua. Durante la pandemia del covid-19 ha habido varios comités que han sido creados y poco convocados y otros de los que no han sido desvelada ni su composición. El último caso ha sido la consulta al Comité Nacional de Bioética sobre las condiciones en las opciones con que se puede administrar la segunda dosis de la vacuna cuando la primera ha sido la producida por AstraZeneca. La conclusión es que se precisa una firma del ciudadano en lo que se conoce como consentimiento informado. Este es un concepto que procede de los Tribunales de Nuremberg de 1947 para asegurar que un ciudadano está de acuerdo en participar en un proyecto de investigación o en un tratamiento. En este caso la recomendación de utilizar la segunda dosis de la misma vacuna ya ha sido hecha por los comités europeos e internacionales y la problemática planteada no es de ética sino de qué información dispone el ciudadano para tomar la decisión. Es otro caso en el que los responsables utilizan un comité para, de hecho, eludir responsabilidades.

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