La tribuna

Sánchez, contra viento y marea

El Gobierno no solo tendrá que esforzarse en explicar con claridad a los ciudadanos las razones por las que aprueba los indultos, deberá también argumentar con precisión jurídica su concesión, dado que el Supremo podría anularlos

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en una sesión del Congreso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en una sesión del Congreso.

El empeño del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en conceder los indultos a los 12 políticos catalanes condenados por el ‘procés’ le aboca a una tormenta política de dimensiones aún incalculables, que tendrá reflejo en las instituciones, en la calle, en el seno del PSOE y, sin duda, en las encuestas. El presidente es consciente de ello. No puede dejar de serlo porque, antes incluso de que esas medidas de gracia hayan sido otorgadas, ya se ha desatado la batalla política, como se ha visto esta semana en el Parlamento, donde el líder del PP no ha dudado en atacar a Sánchez y acusarle de muchas cosas, entre otras de “traicionar” a los españoles, y, obviamente, en las declaraciones públicas de los líderes de la derecha y en los medios conservadores de Madrid. También entre los dirigentes socialistas. El expresidente Felipe González se pronunció este miércoles en contra de los indultos y tardó un rato en matizar que “el debate no es si se arrepienten, sino si están dispuestos a respetar la legalidad vigente, sea la Constitución o el Estatuto”.

La derecha, en este caso reproduciendo la foto de Colón con PP, Vox y Ciudadanos haciendo frente común contra el Gobierno, acusa a Sánchez de querer conceder los indultos como pago al apoyo de ERC, un argumento del que también se hizo eco el Tribunal Supremo en su demoledor informe contra una medida que, según todos los indicios, será aprobada en el plazo de más o menos un mes. El hecho de que el presidente precise de los votos de los republicanos para mantener la legislatura no ayuda a desmentir ese criterio por más que insista en que adoptaría la misma decisión aunque tuviera “300 escaños”. 

Es por ello que el Ejecutivo va a tener que desplegar todas sus capacidades pedagógicas para trasladar a la ciudadanía, especialmente a la de fuera de Catalunya, la idea de que si se conceden los indultos es por la necesidad de restañar las heridas causadas por los acontecimientos de 2017 e iniciar una vía de normalización política, de reencuentro y de diálogo, lo que viene a constituir el criterio de utilidad pública, uno de los que, junto al de justicia y equidad, conforman las reglas del juego establecidas para justificar las medidas de gracia. Sánchez apela al espíritu de concordia constitucional, pero el terremoto que está dispuesta a provocar la derecha no ayudará a que esa idea cale porque generará mucho ruido, crispación social y probablemente movilizaciones multitudinarias en la calle. 

La pedagogía será también necesaria para convencer a los críticos de su propio partido, que pueden verse arrastrados por el argumentario del PP y por el temor a las repercusiones electorales

La pedagogía será también necesaria para convencer a los críticos de su propio partido, especialmente en Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha, que pueden verse arrastrados por el argumentario del PP y por el temor a las repercusiones electorales que esas medidas pueden tener en sus territorios. De ahí, por ejemplo, la decisión de que los indultos se den después de las primarias del 13 de junio en Andalucía, donde el líder socialista se juega frente a Susana Díaz el control del partido en aquella federación y que el congreso federal de octubre se desarrolle sin bronca interna.

No parece que la tempestad que se avecina vaya a frenar a Sánchez, de quien sus seguidores destacan, entre otras características, el arrojo. “La valentía siempre le ha funcionado bien, es cuando se mueve en un plano más moderado cuando pierde perfil”, dicen. Así que en Moncloa aseguran que la decisión se adoptará como “un servicio al país”, porque el conflicto catalán precisa de medidas arriesgadas para encauzarlo hacia la reconstrucción de un proyecto común de convivencia y hay que aprovechar la oportunidad que se abre con Pere Aragonès al frente de la Generalitat.

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Asumido que “habrá que hacerlo” pese al “componente de sacrificio” y el “desgaste político” que comportará, el Gobierno no solo tendrá que esforzarse en explicar con claridad a los ciudadanos las razones por las que aprueba los indultos, deberá también esmerarse en argumentar con precisión jurídica su concesión, dado que casi con seguridad serán revisados por el Tribunal Supremo, que podría anularlos. La derecha ya ha anunciado que los recurrirá y el Supremo los ha considerado “inaceptables” desde todo punto de vista. Y la anulación es un riesgo que Sánchez no se puede permitir.