La imparcialidad de los magistrados

Los Pujol son inocentes

La sociedad tiene que saber y aprender que el proceso penal propiamente dicho no se inició hace nueve años, sino que empieza ahora. No se ha juzgado nada

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2014 /  Comparecencia de Jordi Pujol ante la Comisión de Afers Institucionals del Parlament, tras su confesión, en julio de 2014, de haber mantenido fondos sin regularizar en paraísos fiscales durante 34 años.

2014 /  Comparecencia de Jordi Pujol ante la Comisión de Afers Institucionals del Parlament, tras su confesión, en julio de 2014, de haber mantenido fondos sin regularizar en paraísos fiscales durante 34 años. / Julio Carbó

Nueve años de investigación se han necesitado para recoger los vestigios que han dejado los hechos relacionados con unas cantidades ingentes de dinero que habrían manejado, de un modo u otro, algunos miembros de la familia Pujol. Los detalles del caso aún no se conocen realmente. Lo importante ahora, y hasta el final, será no perder la guía de la presunción de inocencia, que es la principal garantía de la imparcialidad de los jueces.

Y es que en este asunto la defensa de esa presunción es especialmente importante, dado que se trata de un caso mediático en el que la enorme mayoría de la población está convencida de la responsabilidad de los Pujol antes de haber visto siquiera un solo papel de la investigación. Se va a hablar mucho de este caso porque, en el fondo, se va a juzgar una parte muy importante de nuestra historia, no hay que negarlo. Todos los comentarios que se hagan en el espacio público serán adversos a los acusados. Es muy difícil que los jueces que van a juzgarles se aíslen de este prejuicio social de culpabilidad, pero precisamente se confía en su profunda formación jurídica y presencia de ánimo, sobre todo presencia de ánimo, para sobreponerse a las exigencias de dura condena que se va a reclamar desde casi todos los recovecos de la sociedad. Los abogados tampoco lo van a tener fácil en semejante escenario.

Pero la situación no es desesperada para los reos. Pese a que las conclusiones del juez de instrucción y de la fiscalía son coincidentes en lo fundamental, la sociedad tiene que saber y aprender que el proceso penal propiamente dicho no se inició hace nueve años, sino que empieza ahora. No se ha juzgado nada. No se ha averiguado nada, y todas las conclusiones que han extraído los actores citados –juez de instrucción y fiscalía– solo sirven para delimitar el campo de juego. Los jueces que van a juzgarles están estrictamente obligados a aislarse de esas conclusiones. Es más, solo las tienen que tener en cuenta para no condenar por delitos esencialmente distintos de los que han sido objeto de la acusación. En resumidas cuentas, esas conclusiones no tienen que influir ni a los jueces ni a nadie, tampoco a la sociedad.

Es muy fácil decir que todos los miembros de la familia del 'expresident' estaban “en el ajo”, pero de decirlo a probarlo hay un trecho impresionante. No se puede condenar por rumores

Al contrario, los jueces no verán en la sala a unos acusados, sino a personas perfectamente inocentes. Conocerán por primera vez los vestigios recabados durante la investigación, y conjuntarán esa información con aquello que verdaderamente sí va a conformar su enjuiciamiento: la prueba que se practique a partir de ahora. Veremos las declaraciones de los acusados siempre que no deseen guardar silencio, a lo que tienen perfecto derecho. Oiremos a los testigos, y tal vez tengamos acceso a parte de la documentación. Probablemente se practicarán pruebas periciales sobre las operaciones económicas examinadas, lo que quiere decir que los auténticos expertos en esas operaciones –los jueces no lo son– informarán a los juzgadores sobre el detalle y razón de esos movimientos. Con todo ello irán formando su juicio, y no es nada fácil. Analizarán la credibilidad de las personas interrogadas, que muy probablemente les aportarán muchísimo menos de lo que cree la gente en general. Insisto, el papel de esos expertos en transacciones económicas será fundamental.

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Pero también va a ser crucial el papel de los abogados. Su misión es demostrar que no se derivan de la prueba los elementos y requisitos que para cada delito acusado exige estrictamente el Código Penal. Y ahí podrán surgir varias sorpresas que la mayoría no espera ahora. 

¿Qué tipo de sorpresas? Es muy fácil decir que todos los Pujol estaban “en el ajo”, que se coordinaron para percibir las diversas cantidades, y que por supuesto estaban al tanto de todo. Pero de decirlo a probarlo hay un trecho impresionante. No se puede condenar por rumores. Dejémonos, por tanto, sorprender y alejémonos de nuestros prejuicios, en este caso y en cualquier otro. Al fin y al cabo, es lo que querríamos que hicieran los jueces si los acusados fuéramos nosotros mismos. La sentencia puede absolver a todos, a algunos o a ninguno. E incluso si la sentencia es condenatoria, será recurrible ante el Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y hasta ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tardaremos aún varios años en ver el final de este caso.