Opinión | Editorial
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Un Primero de Mayo político
La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, participó en la manifestación, la primera vez en la historia que lo hace un titular de esa cartera
Después de que el año 2020 no pudiera celebrarse en la calle a causa de la pandemia, el Primero de Mayo ha recuperado las tradicionales manifestaciones, aunque aún limitadas por las medidas restrictivas. El Día del Trabajo de este 2021 ha tenido alto contenido político. En Barcelona, por las críticas a la ausencia de Govern, y en Madrid, por la coincidencia con la campaña electoral para la comunidad y por los llamamientos contra la extrema derecha.
Como ya hicieron el pasado jueves en un artículo conjunto en este diario, los secretarios generales de UGT y CCOO de Catalunya urgieron a la formación de Govern. «Que dejen de hablar del Consell per la República y se pongan de acuerdo», dijo Camil Ros (UGT), mientras que Javier Pacheco (CCOO) señalaba que «es inaceptable que después de más de 80 días tras las elecciones no tengamos Govern». Esta carencia es especialmente grave porque Catalunya vive un proceso de desindustrialización, con la salida de empresas como Nissan o Bosch, y los sindicatos aprovecharon para denunciar la «pasividad» del Govern y una «ausencia» que cifraron en cuatro años en lo que se refiere a la industria.
En Madrid, en el aspecto político, los sindicatos se centraron más en la denuncia del peligro de la extrema derecha, reivindicando un nuevo contrato social como la mejor vacuna contra el crecimiento de Vox. La campaña electoral se notó también en que a la marcha asistieron nada menos que dos vicepresidentas del Gobierno y cinco ministros, presencia que los sindicatos agradecieron pero no por ello, dijeron, van a rebajar sus reivindicaciones. La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, participó en la manifestación, la primera vez en la historia que lo hace un titular de esa cartera. También acudieron los tres candidatos de la izquierda, que llamaron al voto de los sectores populares para compensar la amplia movilización de la derecha.
Junto a las demandas políticas, los sindicatos plantearon sus clásicas reivindicaciones laborales y sociales, principalmente la derogación de la reforma laboral aprobada por el PP en 2012 y la de las pensiones del 2013, la subida del salario mínimo y otras cuestiones ligadas a la pandemia, como el reconocimiento de derechos para los trabajadores de los servicios esenciales, la extensión de los ertes o el teletrabajo.
La pandemia ha causado estragos en el mundo laboral –850.000 empleos perdidos el primer mes y 1,2 millones de hogares con todos los miembros en paro ahora mismo–, pero el desastre se ha podido paliar en parte gracias a los ertes –hasta 3,5 millones de trabajadores se han acogido a ellos–, a cambio de un crecimiento exponencial de la deuda. Pero es necesario mantener los ertes hasta final de año y diseñar después un mecanismo permanente. En eso están el Gobierno, la patronal y los sindicatos.
Más peliagudo es el futuro de otras reformas, como la laboral y la de las pensiones, que chocan con las exigencias de la Unión Europea y condicionan el plan de recuperación. La ministra de Trabajo, que ha demostrado su destreza negociadora, asegura que este año habrá un nuevo marco laboral y ya ha presentado sus propuestas en Bruselas, aunque se desconocen muchos detalles. Lo mismo ocurre con las pensiones. Las pretensiones de los sindicatos y las posiciones de la UE están alejadas y el pacto será difícil, pero es ineludible que todas las partes hagan un esfuerzo para llegar a un acuerdo, imprescindible para enfrentarse a la crisis provocada por la pandemia.
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