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Morosos contra la morosidad

Ya que con los fondos europeos España aspira a transformarse, empezar por sancionar a quienes pagan fuera de plazo sería un buen síntoma

Antoni Cañete, nuevo presidente de Pimec

Antoni Cañete, nuevo presidente de Pimec / Ricard Cugat

Agustí Sala

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Antoni Cañete, presidente de Pimec, no desaprovecha ninguna oportunidad para recordar que hay que combatir la morosidad, una cuestión que le ocupa desde hace años también como presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). Volvió a recordarlo esta semana en la primera asamblea general de la patronal que preside tras ganar las elecciones.

No es que haya que recurrir a la 'morrosidad' de la que habla el experto en la materia Pere J, Brachfield y que ha hecho suya también Cañete, es decir, la actitud de quienes emplean una buena dosis de esa parte de sus rostros para saldar las deudas a su conveniencia e incluso no pagarlas. Pero lo cierto es que estos incumplimientos siguen saliendo baratos e incluso rentables para las empresas que dilatan los pagos.

A pesar de la ley arrancada con fórceps hace más de una década, que establece en 60 días el pago entre empresas y en 30 por parte de las administraciones públicas, sigue habiendo una gigantesca bolsa de facturas fuera de plazo. Sigue pendiente un régimen sancionador, que ha estado a punto de ser aprobado en más de una ocasión, pero que misteriosamente se cae siempre de la agenda en el último minuto.

Con la crisis del covid, esta anomalía es más evidente. El Congreso se comprometió en septiembre pasado a dar curso a esta regulación que supondría un balón de oxígeno para miles de pymes y autónomos. En la actualidad, la media de pago a proveedores de las empresas del Ibex, es de 183 días, según la PMcM. Solo con que estas empresas pagaran dentro de los plazos legales, se inyectarían más de 56.000 millones a las pymes y autónomos, sin coste ni para ellas ni para el Estado.

Hasta ahora la solución ha sido facilitar el endeudamiento con créditos ICO. Eso las asfixia más, cuando lo lógico sería que cobraran en los plazos legales. Es evidente que sin un régimen sancionador, sin medidas coercitivas, la norma es papel mojado. Ya que con los fondos europeos España aspira a transformarse, dejar de ser un país moroso con el combate a la morosidad sería un buen síntoma.

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