¿Por qué lo llamamos 'electoralismo' cuando queremos decir 'seguridad nacional'? (y viceversa)

En 2002, el ministro de trabajo italiano Biagi fue asesinado por las ultraizquierdistas Brigadas Rojas. En 2003, la proeuropeísta ministra sueca de asuntos exteriores Lindh fue acuchillada a muerte en unos grandes almacenes. En 2016, Jo Cox, diputada británica que defendía un Reino Unido abierto y plural, era tiroteada por el supremacista blanco Thomas Mair. En 2019, el político democristiano Lübcke, recibía de Stephan Ernst, terrorista neo-nazi, un disparo letal a las puertas de su casa.

Esta selección variada de asesinatos solo tienen en común haber ocurrido en los últimos 20 años, en Europa, y ser motivados políticamente. Esta lista no tiene pretensión alguna de alarmar ni de especular, sino más bien todo lo contrario: recordar que algunas amenazas se llevan a cabo.

Una amenaza es una probabilidad plausible de daño directo, concreto y dirigido. Un riesgo, en cambio, es una posibilidad, algo que podría ocurrir, pero de lo que no se tiene más datos, informaciones ni certezas. En el caso que nos ocupa, recibir cartas dirigidas a una persona o lo que en su momento hacía ETA a personalidades concretas, es una amenaza. En cambio, que a cualquier cargo electo le caiga un andamio cuando va por la calle, por dar un ejemplo absurdo e ilustrativo, es un riesgo que su equipo puede tener en cuenta. Que lo primero acabe en daño real, es probable. Lo segundo, solo es posible como lo son infinidad de casuísticas más. En seguridad, aprendemos que hay que tener en cuenta todos los posibles riesgos en un escenario, pero prepararse y protegerse, especialmente, para las amenazas. Esto, claro está, se aplica también a la seguridad nacional.

Quienes toman el poder por la fuerza, niegan derechos y libertades a todos y pretenden imponer quién debe gobernarnos no pueden ser parte legítima de nuestra democracia

La mera existencia de colectivos de ultraderecha es una amenaza directa a la democracia. Sus discursos, sus objetivos y sus medios suponen un daño a los derechos fundamentales -en tanto que no reconocen derechos a todo individuo-; al sistema democrático como tal –en tanto que no aceptan toda ideología ni representatividad –; y a las instituciones y al sistema. Que miembros del Gobierno reciban coacciones directas es una amenaza. Que se haga en plena campaña electoral en la Comunidad de Madrid no lo hace más electoralista y menos grave, sino todo lo contrario. Las organizaciones internacionales de observación electoral consideran este tipo de acciones uno de los elementos más graves de interferencia electoral. Así que sí, los mensajes recibidos por políticos y altos cargos son una amenaza a la seguridad nacional.

El segundo paso es evaluar el nivel de esa amenaza: es decir, si se trata de un individuo o colectivo sin intención real de llevarla a cabo o si, por el contrario, dispone de las capacidades y recursos para hacerlo. En el caso que nos ocupa, la enfermedad mental que uno de los autores de las amenazas no lo hace menos peligroso. Distinto sería si esta persona estuviese en un centro médico cerrado, pero no parece ser el caso. A la espera de conocer la autoría del resto de amenazas, el foco debe ser: ¿cómo han podido llegar esas cartas a destino? ¿Qué mecanismos han fallado tanto en Correos como en los protocolos de seguridad de los respectivos ministerios o, incluso, la Guardia Civil? Estos fallos son brechas de seguridad que deben ser identificados y corregidos inmediatamente.

La seguridad total es imposible, no existe. Siempre habrá riesgos. Se trata de disminuir la probabilidad de que esos riesgos acaben siendo posibles y mitigar los posibles daños en caso de que esa posibilidad se lleve a cabo. Esto también pasa por reforzar la democracia como tal. Que la clase política española no esté a la altura de cerrar filas en esto es parte (y no menor) del problema. No puede ser que ante otros tipos de amenazas terroristas se exija constantemente a determinados grupos políticos la condena y, cuando es el turno de la ultraderecha, los sectores próximos no hagan lo mismo.

No se equivoquen, quienes toman el poder por la fuerza, quienes niegan derechos y libertades a todos, quienes pretenden imponer quién debe gobernarnos, no pueden ser parte legítima de nuestra democracia. El extremo, aquí, es ser simplemente demócrata y esto no 'se toca' con ningún otro polo opuesto.