Discriminación

O todos o ninguno

No es admisible que Vergès y Argimon hayan intentado ignorar que debían vacunar a los policías nacionales y guardias civiles

Un agente de la Policía Nacional solicita el documento que acredite una PCR negativa a un ciudadano francés.

Un agente de la Policía Nacional solicita el documento que acredite una PCR negativa a un ciudadano francés. / Gemma Tubert

Joaquim Coll

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Establecer prioridades en la vacunación es muy complicado, sobre todo cuando recibíamos tan pocas dosis y en paralelo surgieron dudas sobre AstraZeneca, lo que llevó a un cambio de su uso. Pero es innegable que el Govern ha dado desde el primer momento un trato discriminatorio a los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Catalunya por razones políticas. Los datos son muy elocuentes y han obligado al TSJC a intervenir para que la Generalitat, en un plazo de 10 días, garantice la misma proporción de agentes vacunados que en los Mossos, que alcanza ya el 80%. Excepto el personal médico y sociosanitario, cuya actividad es indiscutiblemente es esencial en medio de una pandemia, haber dado prioridad a otros colectivos es más discutible. Policías, profesores, militares o bomberos (resulta llamativo que los trabajadores de la alimentación hayan quedado fuera) podrían haber esperado a su turno individual en función de la edad. Pero lo que no es admisible es que la 'consellera' Alba Vergès y el secretario de Salut Pública, Josep Maria Argimon, hayan intentado ignorar que debían vacunar a los policías nacionales y guardias civiles. O todos o ninguno. 

Peor son las reacciones de indignación y excusas que ha dado el Govern. Aunque Argimon exclame que le “importa un pepino” qué profesión tienen los vacunados, lo cierto es que fueron excluidos del plan del Procicat. El Gobierno español recordó a la Generalitat el 10 de febrero que debía hacerlo y, dos meses más tarde, al constatar su pasividad, la ministra Darias anunció que Sanidad se encargaría de ello. Afortunadamente, la justicia ha puesto ahora las cosas en su sitio. Argimon también se equivoca cuando afirma que ello obligará a retrasar aún más la vacunación de los mayores de 70 años. Catalunya está en la cola en esa franja de edad y no es por culpa de los policías y guardias civiles. En el argumento del secretario de Salut palpita el tuit de Puigdemont contra el TSJC, “los vacunarán pasando por delante de las personas a las que golpearon de forma salvaje el 1 de octubre”. El odio aquí es sinónimo de discriminación.

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