Esperando un nuevo Govern

Emergencia social, impacto estratificado del covid-19, necesidades emergentes, colapso administrativo... Estas expresiones habituales durante el último año han ido acompañadas en el ámbito social de otro latiguillo: "Llueve sobre mojado".

La pobreza cronificada que nos dejó la crisis financiera de 2008 y la gestión política de todo lo que conllevó –los recortes a partir de 2010— se ha acentuado a lo largo de estos años debido a dos factores fundamentales: la precarización del mercado laboral y las dificultades de acceso a la vivienda como máximo exponente de un derecho básico mercantilizado y vulnerado. El desequilibrio entre lo que la gente gana trabajando y lo que tiene que pagar para disponer de un hogar ha ampliado dramáticamente el segmento de población pobre o en riesgo de exclusión, casi una cuarta parte según los últimos datos de Idescat (tasa AROPE 23,6% en 2019). 

En este escenario irrumpió la pandemia y así nos encontramos hoy en 'Una sociedad entre crisis', como ilustra el último informe de indicadores sociales de ECAS. La crisis sanitaria, económica y social impacta en una sociedad polarizada y frágil y agrava tanto las desigualdades existentes como el riesgo de fractura social. Ante tal embestida, hacen falta replanteamientos globales y reflexiones filosóficas para sobrevivir como especie y preservar la biodiversidad, pero también hay que dar respuesta a las necesidades inmediatas de la gente. Y para hacerlo necesitamos gobiernos resolutivos a todos los niveles y una buena coordinación entre ellos para garantizar la máxima eficacia.

Cada cual debe responder en la medida de sus competencias, procurando que sus capacidades sean plenamente operativas. Es aquí donde, como Entidades Catalanas de Acción Social que trabajamos con las personas que peor lo están pasando, estamos preocupadas y tenemos prisa por contar con un nuevo Govern de la Generalitat. Este diario repasaba hace unos días las urgencias pendientes del país y entre la cuestiones en suspenso se incluían unas cuantas con un fuerte impacto en las personas más vulnerables: frenar los desahucios y garantizar alquileres sociales a las familias en riesgo, hacer efectivo el pacto con Endesa contra la pobreza energética, implementar el plan estratégico de los servicios sociales, mejorar la renta garantizada de ciudadanía y su compatibilidad con el ingreso mínimo vital, desplegar el Pacto por la Interculturalidad, poner en marcha el Observatorio de las Familias, activar la estrategia contra el sinhogarismo…

Son solo algunas de las líneas de trabajo que teníamos abiertas con el Govern y que necesitamos retomar lo antes posible. Procurando, además, que las actuaciones sean rápidas y transformadoras a un tiempo, con mirada preventiva para superar de una vez por todas el asistencialismo y entrar de lleno en un nuevo paradigma de garantía de derechos. Desde el sector social estamos trabajando para favorecer consensos duraderos, tendiendo puentes con las fuerzas políticas para acelerar el proceso de investidura y facilitar una legislatura con prioridades sociales bien definidas. No nos podemos permitir partidismos ni intereses particulares porque los retos que debemos abordar son de país, de modelo de Estado de bienestar y de sostenibilidad social, económica y medioambiental.

La pandemia ha puesto en evidencia un sistema caduco que reclama un punto de inflexión en las políticas públicas. Necesitamos un Govern que se comprometa de manera firme con los más vulnerables y cuente con la experiencia de las entidades sociales para combatir la precariedad y la exclusión con una mayor inversión social. Impulsar las leyes del tercer sector, de concertación social y de la economía social y solidaria será un paso decisivo para actuar con la máxima corresponsabilidad. Solo así conseguiremos no dejar a nadie atrás, fortalecer la cohesión social y construir el país que queremos. Tenemos prisa por empezar.