Pandemia, expertos y democracia

Desde el inicio de la pandemia todos los gobiernos se han enfrentado a decisiones difíciles, unas decisiones que, en nombre del bien supremo de la salud, han limitado derechos y libertades fundamentales. Bajo diversas amparos legales (estado de alarma en España, estado de emergencia en Italia y Portugal, estado de emergencia sanitaria en Francia, poderes de emergencia en el Reino Unido, o invocando leyes específicas o el estado de catástrofe como en Alemania) los gobiernos han decretado confinamientos domiciliarios, toques de queda, han restringido la movilidad y por tanto la libre circulación, han prohibido o limitado los encuentros entre personas de distintos núcleos familiares amenazando el derecho de reunión, se han visto condicionados los derechos de participación política y de educación y en muchos casos se ha impedido el derecho al trabajo, algo que al fin y al cabo si no está directamente vinculado al derecho a la vida sí tiene que ver con la supervivencia.  

Los ciudadanos tenemos derechos que no pueden ser vulnerados por el Estado y si lo son tenemos derecho a defendernos y a ser resarcidos. De hecho, el surgimiento del Estado de derecho se explica por la voluntad de evitar los excesos y arbitrariedades del poder político. Obviamente hay situaciones que pueden exigir una limitación temporal de los mismos, y la pandemia, sin duda, es una de esas situaciones. Pero las limitaciones deben estar debidamente justificadas y a pesar de la excepcionalidad debe prevalecer el criterio de la transparencia a fin de que los poderes públicos rindan cuentas y los ciudadanos podamos atribuir responsabilidades. Pero nada de esto está sucediendo. Muchos políticos se han lavado las manos y han delegado la toma de decisiones en oscuros comités de expertos y lo que es peor, se han parapetado tras ellos. 

Sin ir más lejos el Gobierno de España a pesar de las reiteradas peticiones tardó meses en hacer públicos los nombres del comité de expertos en base a cuyos criterios se llevó a cabo la primera desescalada. Y en Catalunya llevamos más de un año siendo gobernados por el misterioso Procicat. Misterioso porque en el portal de la Generalitat no aparece más que una información genérica sin especificar quién lo integra, algo que contraviene de manera flagrante la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, pero que conocemos parcialmente gracias a que algunos medios han desvelado que está integrado por entre 10 y 30 miembros procedentes de distintos departamentos. Nada más. Sí están publicadas, en cambio, todas las medidas que limitan nuestros derechos aunque ni rastro de los criterios que han guiado la toma de decisiones. Al parecer no hay actas de las reuniones ni informes sobre la efectividad de las medidas aplicadas. Ante tal opacidad y a falta de argumentos no debe extrañar que cada vez haya más sospechas de que se actúa si no con arbitrariedad sí con falta de criterio y de coherencia. Y todo ello frente al escaso interés de los partidos de la oposición para ejercer la función de control parlamentario e interrogar al Gobierno acerca de la composición y criterios de decisión del Procicat. Ni hay Gobierno ni hay oposición, hay técnicos. 

Más allá de algunas críticas puntuales parece asumido que la legitimidad de las decisiones se basa en quién las toma por encima del cómo y del qué y que por el simple hecho de que quien las toma son expertos resultan infalibles y pueden escapar al control democrático y a la rendición de cuentas. Preocupante porque si bien estamos constantemente alertados de los peligros del populismo se tiende a ignorar que la tecnocracia también impugna la mediación y los procedimientos y que con motivo de la pandemia nuestros derechos están amenazados ante la pasividad cuando no del patrocinio de buena parte de nuestros dirigentes.

En pocas semanas vence el estado de alarma y a partir de ese momento cualquier decisión que limite derechos deberá estar debidamente justificada y será susceptible de ser impugnada judicialmente. Cabe esperar que los gobiernos actúen responsablemente y de manera transparente para evitar pasar del gobierno de los técnicos al gobierno de los jueces.