La colaboración público-privada, tótem de modernidad

La colaboración público-privada es hoy uno de los grandes tótems de la política pública. Se utiliza como reclamo y comodín en el momento en que se quiere significar la aspiración a una nueva Administración pública. También aparecen como 'leit motiv' los proyectos transformadores que acaba de anunciar el presidente Sánchez, para la 'Administración del siglo XXI' -¡como si este tiempo aún no hubiera llegado! -, bajo el eje de la 'modernización' (otra palabra prostituida).

Después, cada uno entiende como quiere la colaboración público-privada. En todo caso, esta interpretación no es nunca simétrica. Desde el sector privado, rara vez se siente como necesario colaborar, si no es para pedir una subvención y coger el dinero y correr. No en términos de lealtad, con la transparencia de regulador y regulado, cuando se provee un servicio, para poder hacer una buena evaluación. Y no solo de control de los recursos públicos utilizados, sino, sobre todo, de aprendizaje de lo que se puede hacer mejor desde esta forma de gestión, de la efectividad de la cual (no digamos ya de la eficiencia) sabemos aún poca cosa. Desde el ámbito público, eso sí, la llamada a la colaboración es el reconocimiento, a veces 'entreguista', de impotencia administrativa, ante unos controles autoimpuestos que no dejan márgenes de actuación. Con este reconocimiento, hincha pecho la privada, decidida al rescate de la pública, factura en mano.

En los proyectos Next Generation de transformación, antes mencionados, la colaboración se concreta, sobre todo, y por el momento, en hacer que las grandes consultoras, las 'big four', elaboren las presentaciones 'power point' para nuestras administraciones pedir las subvenciones y, con un plus, para actuar incluso de lobis si llega la ocasión. Yo creo que Europa no pide 'formas', más bien pide buenos contenidos, y que sean las empresas privadas, y no las administraciones, las que los lideren. Requiere que haya detrás de cada manifestación de interés un plan de negocio y que algunos, los que creen en el proyecto y tarde o temprano se hayan de beneficiar, arriesguen ahí también parte de su dinero. Que sean, además, empresas tractoras, siendo esta externalidad la que justifica en parte la ayuda pública.

La política está llena de eufemismos y conceptos genéricos que se convierten en coartada de abuso, no solo semántico, sino de expolio al interés público

En el ámbito social, por colaboración público-privada entienden hoy cosas demasiado diversas: desde la concertación en servicios sociales, sanitarios o educativos, hasta la generalización del modelo Muface, la subsidiación del seguro privado o la construcción de infraestructuras privadas con cesión de gestión directa de servicios. Así se refiere a veces con esta colaboración tanto al modelo sanitario catalán, que bastante ha costado de fundamentar con transparencia (la central de costes y de resultados), como las ocurrencias e improvisaciones de las señoras Aguirre o Ayuso en la Comunidad de Madrid , pasando por las concesiones hospitalarias valencianas. Los contenidos de todo ello son tan diferentes, por lo que calificarlos bajo un mismo epígrafe no deja de ser una táctica de confusión de donde hoy resultan 'ganancias de pescadores'. En la reacción al río turbio, algunos hoy se posicionan contra aquella diáspora, en el extremo insensato de reconocer que solo es subvencionable con dinero público aquella provisión pública de gestión directa, lo que rompe el modelo catalán.

La política, y la pública en particular, está llena de eufemismos y conceptos genéricos, a menudo importados de otros países, que desde la pátina de modernidad y la búsqueda de falsos consensos, se convierten en coartada de abuso, no solo semántico, sino de expolio al interés público. A la vez que buscamos transformar la economía, podríamos esforzarnos en poner orden en cómo debemos entender la administración de los intereses colectivos.