Editorial

El error Navalni

El líder opositor debe ser puesto en libertad para actuar como un destacado líder de la oposición. Lo contrario es una vulneración de sus derechos y de los de millones de rusos

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El Periódico

Alekséi Navalni, durante una vista ante un tribunal de Moscú.

Alekséi Navalni, durante una vista ante un tribunal de Moscú. / BABUSHKINSKY DISTRICT COURT PRES (EFE)

El abogado y opositor ruso Alekséi Navalni lleva más de 20 días en rigurosa huelga de hambre. Algunos médicos y organizaciones internacionales de derechos humanos sostienen que, de seguir así, puede sufrir complicaciones renales o un paro cardiaco que podría provocar su muerte. Él mismo se ha calificado como un «esqueleto andante» en las redes sociales. Navalni puede morir, y su muerte provocaría sin duda una ola de protestas de sus seguidores en Rusia así cómo la condena de numerosos países democráticos seguidas, probablemente, de nuevas sanciones contra el régimen de Vladimir Putin. Por el bien del opositor, por la estabilidad que necesita el país, y por la defensa de los derechos humanos más elementales, nada justifica la muerte de Navalni.

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Navalni debe vivir, y su vida solo se garantizará si las autoridades rusas le ponen en libertad y le permiten actuar como un destacado líder de la oposición. Estos principios deberían prevalecer para cualquier ciudadano ruso, pero son todavía más relevantes para alguien que cosechó más del 27% de los votos en las elecciones para la alcaldía de Moscú. Los votos que obtuvo y las movilizaciones que han tenido lugar desde que fue encarcelado revelan que Navalni expresa el sentir de una parte significativa de la sociedad rusa que no puede ser ignorada. En consecuencia, su encarcelamiento y el intento de eliminación física que constituyó su envenenamiento constituyen no solo una vulneración de sus derechos sino de los derechos de millones de ciudadanos rusos que se identifican con sus postulados.

Desgraciadamente, todo indica que el régimen de Putin piensa seguir adoptando una estrategia de represión que puede acabar con la vida del más célebre de los presos políticos rusos actuales. Su traslado al pabellón médico de otra prisión para intentar alimentarlo por la fuerza supone, según Human Rights Watch, «infligirle un castigo mayor». Por otra parte, todo indica que el Kremlin se dispone a ilegalizar la Fundación Anticorrupción, la oenegé liderada por Navalni, decisión que podría precipitar la mayor ola de represión contra la sociedad civil de toda la era postsoviética. De confirmarse esta ofensiva, se confirmaría que la falta de democracia y la persistencia de la corrupción son los dos talones de Aquiles de un régimen que aspira a perpetuarse con un talante autoritario.

El envenenamiento de Alekséi Navalni retrotrae a los tiempos en los que Lavrenti Bèria creó el Cuarto Departamento Especial del NKVD (antecedente del KGB y el FSB actual), donde se producían agentes químicos que sirvieron para atentar contra disidentes y opositores, algunos en su exilio londinense. El mundo diplomático se sorprendió cuando el presidente Joe Biden calificó recientemente a Putin como un asesino, y es probable que sus palabras fueran políticamente poco oportunas. Sin embargo, reflejaban una larga tradición que Rusia debe desterrar de su modo de obrar si quiere constituirse como un actor internacional capaz de dialogar con las naciones democráticas.

De ahí que nos preguntemos por el empeño en volver a condenar y encarcelar al hombre que tuvo que salir de Rusia el pasado mes de agosto, para ser tratado en un hospital alemán de un envenenamiento mediante el agente nervioso Novichok.