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Los tíos y los sobrinos de Ayuso

La propuesta popular de rebajar aun más el impuesto de Sucesiones choca con el consenso mundial a favor de más recursos contra la pandemia

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Isabel Díaz Ayuso.

Isabel Díaz Ayuso. / Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Nadie en el mundo habla ahora de bajar impuestos. O casi nadie. Ninguna organización internacional está en ello. El mensaje es el contrario. Es el momento de lograr más ingresos con los que financiar el ingente gasto que ha provocado el virus y las ganas de más y mejores servicios que la pandemia ha dejado en la población. Así lo apunta el Fondo Monetario Internacional (FMI), que llega a recomendar un impuesto transitorio sobre grandes fortunas y multinacionales. También la OCDE observa la necesidad de un sistema fiscal más efectivo y, si bien recomienda a España no subir impuestos hasta que la recuperación económica esté bien arraigada, para nada aconseja bajarlos. EEUU ha anunciado una potente subida fiscal para financiar un ambicioso programa de inversión en infraestructuras.

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En sus directrices de política fiscal, el FMI –que abanderó la austeridad en la crisis financiera- ofrece un menú a los países para que cada uno de ellos elija cómo recaudar más. Ninguna de las posibles recetas habla de bajar impuestos. Todas van en la dirección contraria: subir los tipos del IRPF “si es posible”, introducir un recargo temporal, reducir la lista de bienes exentos de IVA o con tipos reducidos, gravar el carbono, aumentar la carga sobre la propiedad o -atención- fortalecer los impuestos sobre sucesiones y donaciones. Las únicas rebajas de impuestos que ahora parecen abrirse camino son las dirigidas a las pymes o los colectivos más afectados por la crisis económica.

Llama la atención que, en este contexto, el PP (a través de su líder madrileña, Isabel Ayuso) vuelva a hablar de bajar medio punto el IRPF de los madrileños y, aún más, que plantee bajar el impuesto de sucesiones entre tíos y sobrinos o entre hermanos. El Gobierno regional estima que esta última medida beneficiará a poco más de 11.000 personas a las que ahorrará 30 millones de euros, a razón de 2.700 euros para cada una de ellas. Será dinero de menos para atender las ganas de más y mejores servicios públicos de todas las demás.

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