Estado de alarma, ¿sí o no?

Con motivo de la finalización del estado de alarma el próximo 9 de mayo, estamos presenciando un intercambio dialéctico que roza el surrealismo. Gobiernos de diversas comunidades del PP, partido que se abstuvo en la convalidación del estado de alarma en octubre, reclaman insistentemente que este no decaiga. El lendakari, que fue uno de los presidentes más reticentes a adoptar medidas de control de la pandemia porque entendía que podían afectar a la economía, ahora se rasga las vestiduras… Por otro lado, Pedro Sánchez ha tenido una iluminación descentralizadora: resulta que ahora la legislación ordinaria posibilita a las autonomías hacer frente a la crisis pandémica. Desde mi punto de vista, dos son los factores que explican todo este ruido: la campaña electoral madrileña que ha devenido estatal y las reticencias de algunos gobernantes a asumir la responsabilidad de ordenar restricciones. 

Pero volvamos a la pregunta, estado de alarma, ¿sí o no? Pues miren, depende. Si se considera que el toque de queda y los confinamientos perimetrales son instrumentos efectivos e imprescindibles de uso cotidiano para contener los contagios, el alargamiento de esta medida debería estar encima la mesa. El estado de alarma es el mejor paraguas legal de nuestro ordenamiento jurídico para limitar derechos fundamentales (por eficacia y control democrático). Pero si las evidencias acumuladas nos llevan a la conclusión de que hay otras medidas más efectivas (cierre o limitación de la restauración y hostelería, suspensión de actividades que fomentan alto grado de interacción social, control de aglomeraciones, etcétera.) no sería deseable alargar por más tiempo el paraguas. En una democracia lo excepcional tiene que ser, valga la redundancia, excepcional. 

Ahora bien, el problema a estas alturas es que más de un año después del inicio de la pandemia, aún no tenemos información detallada sobre actividades/lugares de contagio ni evaluaciones de políticas y medidas que nos permitan afinar las medidas que hay que emprender. O como mínimo, no se nos han comunicado a la ciudadanía. Y este sí que debería ser objeto de preocupación de los gobernantes, estatales y autonómicos.