'Next Generation EU': la transformación de la colaboración público-privada

El Consejo de Ministros aprobará en los próximos días el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. Su objetivo es acelerar la recuperación económica y social tras la crisis del covid-19 y lograr incrementar la capacidad de crecimiento del país a medio y largo plazo.

Pero para ello, España necesita recibir Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que la UE ha puesto a disposición de los estados miembros en función del impacto que cada uno ha sufrido por causa del covid-19. Se trata de un acuerdo histórico para Europa y de una inyección de liquidez sin precedentes para España, que podría recibir una contribución financiera no reembolsable de hasta 69.528.050 miles de euros hasta finales de 2023, convirtiéndose, junto con Italia, en uno de los países que más fondos podría recibir.

Sin duda, lo anterior pone a nuestro alcance una extraordinaria oportunidad para superar esta crisis con un importantísimo impulso económico del que no nos hemos podido beneficiar en otras crisis del pasado; por ello, es fundamental tomar todas las precauciones para no perder esta oportunidad, lo que al mismo tiempo supone enfrentarse a un reto de dimensiones nunca vistas.

Por tanto, quedarnos atrás en el proceso de recuperación de la pandemia es un escenario que de ninguna manera nos podemos permitir. Nuestras instituciones deben asumir esta responsabilidad y actuar de forma ágil, diseñando, consensuando y ejecutando un ambicioso plan de inversiones y reformas estructurales para hacer posible que estos fondos lleguen a todos los vectores de nuestra economía y propicien su reimpulso.

Medidas urgentes

En este sentido, la aprobación del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ya introduce importantes modificaciones orientadas a agilizar los procesos de tramitación de todos los instrumentos necesarios para que los fondos lleguen a la economía y se materialicen en proyectos innovadores capaces de superar la situación actual; nos referimos a importantes medidas de flexibilización en materia de contratación pública, subvenciones, regulación medioambiental o procedimientos de fiscalización. Pues bien, de entre todos estos cambios, resulta interesante destacar el cambio de actitud de los poderes públicos en relación con un instrumento esencial para gestionar debidamente ese mecanismo transformador: la colaboración público-privada.

La administración, quizás por primera vez en mucho tiempo, ha sido consciente de que, por sí sola, no dispone de los medios necesarios para afrontarlo, y de que solo dando un nuevo enfoque a esta figura será posible maximizar esta oportunidad, utilizando esta herramienta de colaboración como elemento esencial de transformación y construcción social. En este sentido, ya llevamos varios meses viendo cómo las propias administraciones públicas han dejado de realizar sus propuestas unilateralmente, y han optado, a través de numerosas expresiones de interés, por dirigirse a la sociedad para recabar las ideas y proyectos que el tejido productivo valora como necesarios para lograr esa transformación; en consecuencia, esta perspectiva, a la vez supone la necesidad de establecer nuestros objetivos, de definir en lo que nos queremos convertir, en cómo queremos llevarlo a cabo.

Solo de este modo, con esa mano tendida y esa implicación mutua, se podrá generar la confianza necesaria que nos permita emprender proyectos transformación energética y digital, una transformación que favorezca el fomento de la investigación y de la innovación, que nos haga producir con fuentes de energía más limpias y eficientes, que propicie un crecimiento y empleo más inteligentes y, en definitiva, nos conduzca a una mayor cohesión social; algo hasta ahora nunca conseguido, unas veces por falta de medios y, otras, por falta de entendimiento.