El Brexit incendia el Ulster

Fueron demasiadas las voces que advirtieron de que el Brexit era un torpedo en la línea de flotación del Acuerdo de Viernes Santo de 1998 que pacificó el Ulster como para que ahora pueda sorprender la semana de disturbios que han sacudido Irlanda del Norte. Los jóvenes airados de la comunidad protestante que prendieron fuego a mobiliario urbano y a autobuses mostraron hasta qué punto se puede degradar la situación y hasta qué punto la frontera comercial que de facto se ha establecido en el mar de Irlanda ha erosionado la coexistencia de dos comunidades que han estsfo históricamente enfrentadas.

Al concretarse el Brexit se estableció que el Ulster permanecería a todos los efectos en el seno del mercado único para garantizar una relación sin cambios entre las dos Irlandas. Se fijó así que el control aduanero del Reino Unido con la Unión Europea estuviese en la isla de Gran Bretaña con el fin de no soliviantar a la comunidad católica republicana, a la que se garantizó que la divisoria entre las dos Irlandas se mantendría como una frontera blanda. Pero tal solución alarmó a los unionistas, o al menos a una parte de ellos, que no aceptan que el Ulster se mantenga separado del resto del Reino Unido en los intercambios comerciales.

Era solo cuestión de tiempo que saltara la chispa y zozobrara el clima de convivencia trabajosamente asentado desde hace más de 20 años. Aunque el Partido Unionista Democrático y otras organizaciones protestantes han condenado los disturbios, no se han privado de mostrar cierto grado de comprensión por las razones que han llevado a una minoría de jóvenes a incendiar la situación. En estos últimos alienta un sentimiento de frustración y de abandono del Gobierno de Londres; para la comunidad católica, cualquier restricción en los intercambios con la República de Irlanda sería una afrenta, algo inaceptable.

Puede decirse que la aplicación del Brexit en el Ulster amenaza con llevar a la casilla de salida el conflicto intercomunitario: la mayoría protestante quiere seguir siendo parte del Reino Unido; la minoría católica se considera víctima de una descolonización incompleta, la que alumbró la República de Irlanda mediante un largo y tormentoso proceso de separación. 

Asoman de nuevo los demonios familiares de un cruento conflicto que se prolongó 30 años (1968-1998) y causó 3.500 muertos sin que, por lo demás, el Gobierno de Boris Johnson aparezca como el mejor dotado para serenar los ánimos. Porque desde el principio el Partido Conservador ha asumido el status especial del Ulster como una imposición de la UE que muchas voces interpretan como una limitación de la soberanía nacional, mientras los políticos católicos entienden que es la única forma aceptable para evitar que se quiebre la paz.