Editorial

Acoso o segunda oportunidad

Ante la amenaza de que se disparen los impagos de empresas y particulares, hay que buscar alternativas frente a las estrategias agresivas de cobro

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El Periódico

Trabajadoras en tiempos de covid.

Trabajadoras en tiempos de covid. / Manu Mitru

Tras un año con la actividad económica en estado de hibernación, con breves despertares que no se han acabado de confirmar y un panorama para el futuro inmediato aún inciertas –en una contrarreloj entre el ritmo de vacunación y el horizonte del verano cada vez más próximo–, la perspectiva de insolvencia de muchas empresas y particulares se hace cada vez más real. El recurso de los ertes, las periódicas flexibilizaciones de la actividad jugando siempre a no rebasar el límite de las recomendaciones sanitarias más estrictas, los créditos ICO, las renegociaciones de deuda, la congelación de los concursos de acreedores y la expectativa de que se acaben confirmando las promesas de ayudas directas o reformulación de los créditos obtenidos han ido frenando lo que, si estos diques acaban por reventar cuando lleguen a su límite temporal, puede convertirse en un tsunami de impagos de empresas y personas físicas. Igual que, en el terreno inmobiliario, se teme que en cuanto se levanten las restricciones a los desahucios se viva una crisis habitacional de dimensiones difíciles de sostener.

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Las empresas dedicadas a comprar a los acreedores originales deuda virtualmente irrecuperable a precios irrisorios y a poner en práctica mecanismos de presión para conseguir recuperar lo posible ya apuestan por la inminencia de la llegada de esta ola de insolvencias, con un volumen muy superior al que ya se ha ido sucediendo desde el inicio de la crisis del covid.

Han pasado los tiempos del cobro porta a puerta con llamativas estrategias para avergonzar o intimidar al deudor. La reforma del artículo 172 del Código Penal en el 2015 acotó drásticamente las prácticas calificables como acoso al honor y la intimidad. Pero el traspaso de la condición de acreedor a empresas situadas en otros países ha abierto un resquicio para combinar los procesos legales con formas de presión telefónica que vulneran el derecho a la intimidad, difunden la situación del deudor entre terceros y utilizan formas de acoso insostenible (como llamadas repetidas en horario nocturno) que teóricamente la ley española había descartado. La gravedad de la situación económica ha hecho que muchas entidades financieras hayan optado por moratorias y renegociaciones de deuda, en espera de una recuperación que permita levantar la cabeza y ponerse al día a sus deudores. Otros impagos se han traspasado a estas empresas de cobro con formas de actuación de extrema dureza sobre situaciones personales que pueden llegar a ser desesperadas.

Si la dificultad para recuperar lo prestado a personas en situación no de morosidad fraudulenta o de evasión de sus activos a sus acreedores sino de estricta ruina explica el auge de este ‘mercado’, en los casos en que los ‘flotadores’ anticrisis no lleguen a evitar el naufragio lo lógico sería que también se disparase otro recurso creado también en 2015 y del que hasta ahora se ha hecho uso en pocas ocasiones. Se trata de lo establecido en la llamada ley de segunda oportunidad, que permite eximir a autónomos y particulares de la deuda a acreedores a la que no puedan hacer frente sin desatender sus necesidades vitales básicas, siempre que manifiesten que han actuado de buena fe, algo similar a la quiebra empresarial. El proceso no es fácil, y requiere tanto de agilidad como controles para fiscalizar que se aplique de forma transparente a quienes no tienen otra alternativa. Solo con que una fracción de las situaciones de impago que se temen derive por esta vía el atasco en su gestión puede ser inasumible. Ese es otro posible tsunami ante el que sería necesario prepararnos.