Editorial

Un acuerdo que cambia vidas

El pacto entre Endesa, la Generalitat y las diputaciones para garantizar el suministro de luz a los hogares más pobres es un ejemplo de la mejor política

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El Periódico

Protesta de la Aliança Contra la Pobresa Energètica (APE), el pasado 18 de febrero en Barcelona.

Protesta de la Aliança Contra la Pobresa Energètica (APE), el pasado 18 de febrero en Barcelona. / Sergi Conesa

Hastiados de la política de trincheras y de declaraciones cruzadas en que parece haberse convertido el debate público, este lunes vimos un ejemplo de política en su sentido más genuino. El que tiene que ver con la gestión de los asuntos públicos, con mejorar la vida de las personas. Eso es el acuerdo suscrito ayer entre el Govern de la Generalitat y Endesa, que el ‘conseller’ de Afers Socials, Chakir el Homrani, calificó de «histórico». En el plano más inmediato, este pacto supone la condonación de la deuda de más de 35.000 familias vulnerables con la compañía eléctrica, que alcanzaba a casi 38,8 millones de euros, buena parte de los cuales los asumirá Endesa, y el resto, la Generalitat y las diputaciones provinciales, exonerando a los ayuntamientos. Si la liquidación de esta deuda es relevante, igualmente lo son las bases que sienta para el futuro: un convenio regulador para evitar llegar a estas situaciones límite, por el que Endesa renuncia a la vía judicial para reclamar la deuda de personas sin recursos, se crea un fondo solidario (financiado por la suministradora y la Generalitat) y se instalarán contadores temporales a las familias pobres que ocupen una vivienda (estas últimas, al no poder contratar legalmente la electricidad, tenían como alternativa el 'pinchazo' de la luz, con los peligros que conlleva). Todas estas acciones tienen por objetivo erradicar la llamada pobreza energética, un concepto arraigado en los últimos años pero que de ningún modo deberíamos asumir como algo normal en una sociedad que se autodenomina del bienestar. 

Todas las partes -Endesa, Govern y las entidades sociales que han batallado por este logro- se han felicitado del acuerdo. El buen resultado, sin embargo, no debe hacernos olvidar el largo camino que se ha debido recorrer. Desde que el Parlament aprobó la ley de medidas urgentes de emergencia habitacional y energética, en 2015, han transcurrido seis años de negociaciones embarrancadas y de reproches, mientras el grueso de familias afectadas por impagos seguía creciendo. Sobre todo, a raíz de la pandemia. Desde 2019 han pasado de 25.000 a 35.518, un 40% más. Aunque, gracias a dicha ley de 2015, se prohíbe cortarles la luz, su deuda seguía creciendo con cada recibo impagado. El acuerdo con Endesa (que controla el 90% del mercado eléctrico en Catalunya) es un alivio económico muy significativo para estas familias.

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La muerte de una anciana en Reus en 2016, en un incendio causado por una vela, sirvió para despertar conciencias sobre la pobreza energética. Una pobreza que está vinculada a otras formas de precariedad y, en muchas ocasiones, a un hogar inseguro (temor a perder la vivienda). Numerosos estudios destacan que las mujeres son uno de los colectivos más afectados por estas deficiencias y no son pocos los que advierten -como recientemente la Fundació Pere Tarrés- de los efectos en la salud física y emocional de los niños. Por no decir las dificultades de progreso educativo en un hogar que no cumpla con las mínimas condiciones. En estas circunstancias, es difícil valorar los efectos a largo plazo de situaciones tan traumáticas. Atajar este problema es, por tanto, una obligación y responsabilidad de las administraciones. También del resto de la sociedad, que es la que en última instancia responde solidariamente -por la vía fiscal- a favor de una mayor equidad social. El beneficio es colectivo. La Generalitat confía en que el acuerdo con Endesa sea extrapolable a otras compañías de suministros de electricidad y gas. Es el camino necesario, sin que haya que esperar tanto tiempo para ver otro igual.