Una exigencia inaceptable

La investidura de Pere Aragonès está en punto muerto. Mucho deberían cambiar las cosas para que el próximo martes el sentido de las votaciones sea distinto al del pasado viernes y JxCat facilite con sus votos la conversión del líder republicano en ‘president’ de la Generalitat.

Se imponen varias reflexiones sin matices porque, aunque la teatralización en la que vive la burbuja política intente distraer la realidad, la situación social y económica de Catalunya es de la máxima gravedad a causa de la pandemia y las consecuencias económicas y sociales de la misma.

La primera consideración es de orden puramente democrático. La exigencia de JxCat de externalizar en el Consell per la República, un órgano privado situado fuera del entramado institucional, la tutela y dirección de la estrategia política de la Generalitat, es inaceptable desde cualquier óptica democrática. JxCat rebasa, con esta exigencia que se utiliza formalmente como escollo principal para brindar su apoyo a Pere Aragonès, las líneas rojas que marcan la frontera del juego democrático y se sitúa de lleno en un plano iliberal a todas luces inadmisible.

En la medida que ERC quiera hacer creíble su compromiso de gobernar pensando en toda Catalunya y no solo en los independentistas, tal y como Pere Aragonès insistió en su discurso del viernes, no puede ceder ante tal despropósito.

Respeto a la democracia

La legitimidad de nuestros representantes emana del voto de todos los catalanes y catalanas que acudieron a las urnas el pasado 14-F. Esos comicios no eran para traspasar poderes al Consell per la República ni para dar carta blanca a nadie para actuar fuera de las instituciones legalmente constituidas. Estamos ante una simple cuestión de respeto a los principios básicos de la democracia que JxCat parece haber olvidado. Hay que exigir a Pere Aragonès que se mantenga firme en esta cuestión y no se preste a participar en el secuestro de la Generalitat que se pretende.

La segunda reflexión tiene que ver con las divergencias entre ERC y JxCat por el reparto de poder si finalmente alcanzan un acuerdo. En este punto, la política catalana no es diferente a la de cualquier otro país a la hora de cerrar un pacto de Gobierno que implique a varias fuerzas políticas. No obstante, la situación pandémica y sus consecuencias deberían empujar a los partidos a una mayor diligencia y rapidez en la concreción de estos aspectos.

Los ciudadanos no merecen, tras un año largo de convivencia con el covid-19 y los múltiples sacrificios que se les ha exigido, que la politiquería se muestre con tanta impudicia. Insistimos, no es un hecho diferencial –solo hay que mirar a Madrid–, pero esto no es óbice para efectuar una llamada a la responsabilidad a la clase política catalana.

Por último, lamentablemente hay que anotar también que todos los indicios apuntan a que en caso de concretarse un acuerdo entre ERC y JxCat, el gobierno resultante adolecerá de muchos de los graves problemas que lastraron al anterior, nacidos de la desconfianza, cuando no aversión, entre sus integrantes.

Es una pésima noticia, puesto que será el próximo ejecutivo el que deberá implicarse en la gestión de los fondos de recuperación de la UE negociando desde una posición de solvencia con el Gobierno español. Lamentablemente, para esta última cuestión no se adivina solución posible, puesto que ERC y JxCat se han empeñado en dejar claro en los últimos días que lejos de hacer las paces se soportan menos que nunca.