La inexistente política de vivienda

Estos días ha adquirido nueva vida el debate acerca de la limitación en el precio del alquiler, tanto por su propia trascendencia como por haber ocasionado otro enfrentamiento en el gobierno de coalición. Preocupados todos por la imposibilidad de controlar los precios, los de Pedro Sánchez optan por las bonificaciones fiscales, mientras los de Pablo Iglesias se decantan por la fijación de precios máximos.

En uno y otro caso, las actuaciones se orientarían a las áreas tensionadas, aquellas en las que se dan subidas abruptas de los alquileres, representando estos una proporción insostenible de la renta familiar. Acompañadas ambas alternativas de diversas consideraciones en función, entre otros parámetros, de las características del casero, ya sea un pequeño ahorrador o un gran propietario. En resumen, mecanismos complicados, sujetos a múltiples circunstancias, que confundirán y darán lugar a casuísticas imposibles de controlar.

Las propuestas, cargadas de buenas intenciones, no solucionarán una cuestión que exige de la intervención pública, pero desde una perspectiva distinta. El problema de la vivienda se origina en el elevado precio del suelo. Y solo se arreglará si los poderes públicos, los únicos que pueden desarrollar suelo urbanizable, apuestan por crearlo a precio asequible y promover la construcción de vivienda social.

En principio parece sencillo, pero la propuesta requiere de dos condiciones. Así, por una parte, de cooperación leal y estable entre los diversos niveles de la administración, pues tanto la municipal como la autonómica y la estatal resultan indispensables en la politica de vivienda que necesitamos. Por otra, de compromiso a largo plazo, pues la creación de suelo, su desarrollo y, a menudo, la dotación de nuevos servicios públicos complementarios, requiere de lustros.

Llevamos décadas sin ninguna política de vivienda. Y como la colaboración y el largo plazo no forma parte del universo de nuestros gobernantes, así seguiremos. Mucho ruido y pocos avances.