El liderazgo de Whashigton

El doble rasero como política de Estado

Si EEUU quiere dar ejemplo debería ser miembro de la Corte Penal Internacional o como mínimo no interferir en sus escrutinios a nacionales o aliados

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Joe Biden este martes en un acto por el Día Internacional de la Mujer en Washington.

Joe Biden este martes en un acto por el Día Internacional de la Mujer en Washington. / Tom Brenner / Reuters

Cuando el doble rasero es una política de Estado hay nulas posibilidades de cumplir el compromiso de restablecer el “liderazgo global y moral de EEUU”. En realidad, desde que en 1991 se convirtió en el único hegemón, Washington ha causado un enorme sufrimiento a numerosos países sobre todo con sus guerras, pero también con sus acciones encubiertas, sanciones, apoyo a dictadores y el encubrimiento de la barbarie de algunos de sus aliados más cercanos. Joe Biden, sin embargo, después del desastre que ha ocupado la Casa Blanca durante cuatro años, pretende convencer al mundo de que ahora será gobernado por un país ejemplar. Sus decisiones le restan credibilidad.

Hasta ahora, EEUU no ha levantado las sanciones que pesan sobre la fiscal Fatou Bensouda y otro alto funcionario de la Corte Penal Internacional (CPI), impuestas por Trump, que los trató como a infractores y no como a defensores de los derechos humanos, cuando en marzo de 2020 una decisión judicial permitió a la fiscal investigar posibles crímenes de guerra perpetrados por personal estadounidense en Afganistán. Y no solo eso, sino que cuando en febrero se ha dado autoridad a Bensouda para que investigue posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados en Cisjordania y Gaza tanto por personal israelí como palestino, EEUU ha criticado duramente a la CPI por querer abrir un proceso a su aliado hebreo.

Ni EEUU ni Israel son miembros del único tribunal internacional encargado de enjuiciar a los responsables de genocidio y crímenes de guerra y contra la humanidad, cuya autoridad aceptan 123 países, incluida Palestina, después de que, en contra de Washington, la Asamblea General de Naciones Unidas la reconociera masivamente como Estado en 2012, lo que permitió su ingreso en la CPI tres años después. Tel Aviv, sin embargo, sostiene que las acciones legales presentadas por Palestina ante esa corte con sede en La Haya “no tienen ninguna validez”, porque la Autoridad Palestina no es un “Estado soberano”.

Las víctimas son palestinos desplazados por la expansión de los asentamientos y la demolición de sus viviendas en Cisjordania y Jerusalén Este y los habitantes de Gaza que sufrieron los bombardeos indiscriminados de 2014 que mataron a 2.500 personas, dos tercios de ellas civiles, e hirieron a decenas de miles. Se incluye también a los civiles del sur de Israel que padecen los disparos de los cohetes de las milicias de Gaza. Israel teme que el tribunal pueda imputar responsabilidades a militares y civiles y dicte órdenes que permitan su detención en el extranjero.

Si EEUU quiere dar ejemplo debería ser miembro de la CPI o como mínimo no interferir en sus escrutinios a nacionales o aliados. No puede aplaudir que La Haya condene al comandante del Ejército de Resistencia del Señor, Dominic Ongwen, por las atrocidades cometidas en Uganda y tratar de impedir una investigación imparcial de las acciones de ciudadanos estadounidenses o de países amigos. 

El doble rasero es igual de flagrante frente a Rusia y Arabia Saudí. Washington ha dictado sanciones contra siete altos funcionarios rusos por el envenenamiento del líder opositor encarcelado, Alexéi Navalny, por el que los servicios de inteligencia estadounidenses responsabilizan a su contraparte rusa. Los castigos se extienden también a 14 entidadesasociadas con la producción de agentes biológicos y químicos y un instituto gubernamental de investigación.

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