Por una ley de vivienda estable

Por primera vez en 40 años de democracia, España está a las puertas de desarrollar su primera ley de vivienda. En un país donde las generaciones más jóvenes ven frenados sus deseos de emancipación por unos alquileres inasumibles para ellos y donde el drama de los desahucios ahoga a muchas familias esta es una oportunidad que no hay que dejar perder. La responsabilidad de los políticos para llevar adelante esta ley es tan grande como el problema que aborda. Por eso, resulta chocante ver cómo las discrepancias entre los dos partidos que son socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, están bloqueando una legislación muy necesaria. El gran escollo está en la limitación o no del precio del alquiler y en cómo hay que intervenir en este mercado. 

Para situar en su contexto el enésimo rifirrafe entre socialistas y morados no hay que olvidar que la Comunidad de Madrid celebra elecciones el próximo 4 de mayo. Y que el actual vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, concurrirá a los comicios como candidato de Podemos. Nada le resultaría más favorable que dejar el Ejecutivo habiendo logrado una de sus grandes apuestas, que regule el precio de los alquileres. La última propuesta del ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, el socialista José Luis Ábalos, plantea una alternativa como es la vía de las deducciones fiscales, lo que ha despertado la indignación de los representantes de Podemos en lo que consideran un «inclumplimiento» del pacto de gobierno. Aquí no se trata de ver qué partido es más libre de las supuestas presiones de los propietarios sino qué medida garantiza mejor el objetivo que se pretende y que se pueda poner en práctica sin riesgos jurídicos. 

No sería muy eficaz aprobar una ley maximalista que no consiga su objetivo, bien porque sea recurrida por posible inconstitucionalidad, o bien porque al imponer un control a los precios los arrendatarios decidan poner sus pisos a la venta, reduciendo más la oferta de alquiler. Sea la única forma o solo una de las que se prevean, la idea de bonificar a los arrendatarios que accedan a rebajar los precios en las zonas más tensionadas o para menores de 35 años, como propone el anteproyecto, merece ser considerada sin apriorismos, ante la posibilidad de que proteja más claramente la seguridad jurídica del propietario consiguiendo la función que pretende, que no es otra que facilitar el acceso a una vivienda asequible. Eso en cuanto a la regulación del parque privado de vivienda. La promoción, directa o incentivada, de un parque de vivienda de promoción pública y alquiler asequible quizá no sea la solución más efectista pero sí la más efectiva a medio plazo. La futura ley debe ser un marco estable, de consenso y duradero, y para que así sea hay que debatir sobre la política de vivienda, y no hacer política a costa de la vivienda.