Pasaporte para abrir fronteras

La Unión Europea ha dado un paso más hacia la creación de un pasaporte covid, con una propuesta de la Comisión, aún pendiente de ser aprobada, que da respuesta a varios de las dudas planteadas cuando el Consejo Europeo abrió la puerta a su creación a finales de febrero. Los países y sectores económicos cuya economía depende de forma crítica de la reactivación de la movilidad, y en especial del turismo, apremian para su aprobación. Pero más allá de la indiscutible necesidad de reactivar el mercado turístico que ha llevado a países como España, Italia, Grecia o Chipre a abanderar la iniciativa, la activación de un mecanismo que facilite la movilidad segura dentro de las fronteras de la Unión, en el ámbito de los derechos, no hace más que facilitar el ejercicio de uno de los pilares del acervo legal de los Veintisiete, como es la libre circulación de personas. Y lo hace evitando que se extienda la búsqueda de acuerdos bilaterales o el establecimiento de corredores que cuarteen aún más la unidad del espacio Schengen.

La Comisión Europea ha planteado soluciones para algunas de las posibles objeciones de países del norte más reticentes a dar su aprobación definitiva. El mecanismo propuesto no es estrictamente un carnet de vacunación, sino que amplía los requisitos vigentes sumando la inmunización al hecho de haber superado la enfermedad o disponer de una PCR negativa reciente y prevé la simple presentación del documento, en formato físico o digital, para superar los controles fronterizos, sin que nadie más que el país emisor tenga acceso a los datos, que deben quedar sometidos a un rígido régimen de protección. 

Aunque no puede olvidarse, a la hora de regular las actividades que los viajeros realicen en su destino, que los vacunados igualmente pueden ser transmisores de la enfermedad y se deberán extremar las cautelas para que la exigencia de pasaporte no se extienda a ámbitos no previstos, lo cierto es que el certificado será un elemento dinamizador de los intercambios humanos de todo tipo, singularmente en un sector como el turismo, tan castigado por la pandemia. Como se ha dicho reiteradamente estos días de la vacuna de AstraZeneca, los beneficios que aportará el pasaporte se antojan del todo superiores a otras consideraciones. Porque será sin duda un instrumento de seguridad sanitaria tener la garantía de que quienes circulen libremente por Europa estén a salvo de contraer la enfermedad.

Para economías como la española, otro año en blanco o poco menos del sector turístico sería desastroso, y no es posible la reactivación sin que los ciudadanos de los países de origen y los de acogida se sientan razonablemente seguros. Lo mismo cabe decir de las grandes convocatorias internacionales, como el Mobile World Congress, favorecedoras del turismo de negocios, importantísimas para la restauración y la hostelería, y capital para las finanzas de Barcelona. Solo mediante garantías sanitarias se desvanecerán los temores de algunas grandes compañías que aún no han decidido entre participar o seguir los pasos de las que ya han renunciado a hacerlo.

Por si estas razones fueran pocas, la premiosidad de la campaña de vacunación obliga a plantear serias dudas sobre la posibilidad de que a finales de agosto esté inmunizada el 70% de la población europea. Aunque no se alcance este porcentaje ha de ser posible la movilización vacacional en condiciones seguras con el volumen y el dinamismo que esperan cuantos viven de este sector.

Dicho lo cual, conviene que las autoridades sanitarias de cada país europeas se esmeren para que la existencia del pasaporte de vacunación no favorezca comportamientos maliciosos o abusivos, no previstos por sus promotores. Favorecer la economía es necesario e ineludible; preservar los derechos de los ciudadanos lo es en igual medida.