Un camino con baches

La larga marcha de Merrick Garland

La clave de la idoneidad de un fiscal general es que ofrezca garantías de independencia, sirviendo a la justicia y no a la política. Algo a tener en cuenta en nuestra biosfera política

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El juez Merrick Garland junto al presidente Barack Obama, en marzo de 2016.

El juez Merrick Garland junto al presidente Barack Obama, en marzo de 2016. / REUTERS / KEVIN LAMARQUE

Finalizadas las audiencias de confirmación '(hearings'), ejercicio destinado a evitar errores que después hubiera que lamentar, el Senado ha dado luz verde al nombramiento del nuevo fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland. La ratificación del nominado por el presidente Joe Biden tiene lugar después de los graves disturbios del 6 de enero en el Capitolio y no haber prosperado la segunda tentativa (por primera vez en la historia de EEUU) de abrir un juicio político ('impeachment') al presidente

Bajo la amenaza demócrata de intentarlo de nuevo, Mike Pence, el abnegado vicepresidente, rechazó activar la 25ª enmienda de la Constitución (que permite inhabilitar al presidente, cuando el vicepresidente y otros ocho miembros del Gabinete declaran que no está en condiciones de cumplir con sus responsabilidades).

La intimidación y los aullidos --" ¡Cuelguen a Pence!!-- de los insurgentes, no impidieron su defensa del Estado de derecho, al desobedecer las órdenes de su hiperventilado jefe, que insistía en impugnar los resultados de las elecciones, exigiendo al sufrido empleado la anulación de los votos que daban la victoria al ganador.

El fiscal general, William Bärr, cristianado por los demócratas como "el abogado de Trump”, habría intervenido en asuntos penales en beneficio de los aliados del jefe. La politización de la fiscalía, tan nociva para 'the rule of law', tuvo efectos retardados, al comprobarse que no había evidencia alguna de fraude electoral. Al rechazar la cruzada emprendida, fue despedido. En su atormentado final, a Donald Trump le dieron la espalda dos pilares esenciales: el vicepresidente y el fiscal general. 

Merrick Garland (68 años), prestigioso jurista con denominación de origen Harvard, ha tenido una larga carrera: como abogado en el sector privado, fiscal y juez durante 24 años (tras su nominación por Bill Clinton, con amplio apoyo de ambos partidos) en la poderosa Corte de Apelaciones. Las cualidades que le son reconocidas (dignidad, aplomo, honestidad, dominio de la ley), llevan a este liberal moderado, con un sólido registro de voto centrista y no haber hecho gala de ideología política excluyente, a gozar del respeto y admiración personal de demócratas y republicanos.

El prestigioso jurista, elegido para defender al ciudadano en EEUU, es respetado y admirado por demócratas y republicanos

Estos últimos, que ahora han votado más por lealtad tribal (30 en contra) que por un sentimiento real, hace cinco años rechazaron su nombramiento, al negarse a celebrar 'hearings' tras haber sido elegido, por el entonces presidente Obama, para ocupar la vacante que quedaba en el Tribunal Supremo (tras el fallecimiento del juez Antonin Scalia, icónico magistrado conservador). Que los republicanos hayan votado para confirmar a Garland como fiscal general, pero no para el TS, es como ver a un niño de 5 años explicando que es preferible utilizar mantequilla de cacahuete en lugar de pasta de dientes, para lavarse los dientes.

Garland hereda un ministerio desmoralizado, con menoscabo de su independencia, tras hacerse añicos el muro que separaba la política de la aplicación de la ley. Al nuevo fiscal general le toca el balsámico papel de restaurar la confianza y le aguardan encima de la mesa asuntos políticamente sensibles, como la investigación del FBI sobre Rusia y los impuestos de Hunter Biden. Por encima de ellos, como prioridad indiscutible: la investigación federal sobre el ataque al Capitolio, que pretendía perturbar una piedra angular de la democracia: el traspaso pacífico del poder a un Gobierno recién elegido. 

Asimismo, está pendiente la investigación de alguno de los delitos que se adjudican al último inquilino de la Casa Blanca, con un dilema: ¿por cuál debería ser juzgado? 

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El clima político de división en el país exige que el proceso susceptible de desembocar en un procesamiento del expresidente se maneje de manera que quede despejada, desde el principio, cualquier apariencia de parcialidad, con independencia de que el confirmado goce de una reputación indiscutible, basada en su integridad, moderación y probidad. 

Tras una larga marcha, Garland tiene por delante un camino lleno de baches y esa pesada carga sobre sus hombros la asume con una prioridad: la defensa del principio ‘el fiscal general representa el interés público’. Todo parece indicar que es la persona cualificada para asumir el papel de abogado de los ciudadanos, para protegerles de la degradación del medio ambiente, del abuso de poder en el mercado, del fraude y la corrupción, de los delitos violentos y la ciber delincuencia, del tráfico de drogas y la explotación infantil. 

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Recalibrar el tercer poder tiene que ver con servir al Estado de Derecho y garantizar la igualdad de la justicia bajo la ley, lo que implica servidores públicos capaces de actuar con objetividad e imparcialidad.

Si queremos que se garantice la soberanía del Poder Judicial, principio elemental del Estado de derecho, en el caso de un fiscal general en una sociedad democrática, la clave de la idoneidad es que ofrezca garantías de independencia, sirviendo a la justicia y no a la política. Algo a tener en cuenta en nuestra biosfera política.