Apunte
Desfascistizar nuestras instituciones
Los portadores de un arma (o de la punición) en nuestro nombre no pueden estar en contra de la democracia, el pluralismo y los derechos humanos
Gemma Ubasart
Consellera de Justícia, Drets i Memòria
Gemma Ubasart
La fiscalía ha archivado el caso de los militares que en un chat privado hablaban de un golpe de Estado y de "fusilar a 26 millones de hijos de puta" al no apreciar delito alguno. Se trataba de un chat privado donde un grupo de militares retirados "exponen sus opiniones con libertad y con la confianza de estar entre amigos". Lo comentaba Adam Majó en Twitter y me sumo a su opinión: una decisión acertada en un Estado de derecho. Deberíamos tomarnos más en serio el derecho a la privacidad y, por lo tanto, ser muy escrupulosos con él, incluso con nuestros principales adversarios. Ahora bien, que este hecho no constituya delito no quiere decir que no tengamos un problema. Y que debamos tomar cartas en el asunto.
En este país, pero no solo, se identifica una cierta permeabilización de individuos de extrema derecha en las instancias a las que hemos delegado el monopolio de la fuerza. De manera clara en el Ejército y en la policía, pero también en el funcionariado de prisiones o magistratura. La mayor parte de países democráticos se encuentran en mayor o menor medida con la problemática, que no es nueva pero que con el auge de las opciones políticas radicales de derechas retoma un cierto protagonismo. Sin ir más lejos, en el asalto al Capitolio vimos la importancia de la cuestión: de la limpieza de las instancias estatales puede depender que en momentos de cierta desestabilización se derive hacia una dictadura. La inteligencia de EEUU se aseguró que en el despliegue del día de la toma de posesión de Joe Biden no hubiera policías de dudoso compromiso democrático.
Desfascistizar nuestras instituciones públicas no es una tarea fácil: requiere adentrarse en los confines de la ideología del funcionariado. Pero reconocer que nos situamos en un terreno pantanoso no nos puede dejar sin actuar: los portadores de un arma (o de la punición) en nuestro nombre no pueden estar en contra de la democracia, el pluralismo y los derechos humanos. Existe un puñado de buenas prácticas en nuestro entorno para avanzar.
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