Opinión | Editorial
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El certificado de vacunación
Es preferible que exista una unidad de acción europea en torno al procedimiento que permita viajar dentro de la UE a que cada país elabore su propia fórmula
En el Consejo Europeo de esta semana se ha producido «una convergencia de intereses», según el presidente Charles Michel, y, en palabras de Angela Merkel, se ha llegado a una conclusión inicial: «Necesitamos un certificado digital de vacunación». De esta manera, se pone sobre la mesa un asunto espinoso que ha dividido a la UE y que se plantea como una medida imprescindible para normalizar la movilidad entre los 27 estados miembros en un incipiente estadio de recuperación de la actividad económica, especialmente el turismo. Por este motivo, los países que han apostado con más ahínco por un documento que certifique que quien lo detenta ha sido vacunado, tiene anticuerpos o ha realizado recientemente una PCR con resultado negativo han sido aquellos que basan buena parte de su estructura económica en el sector servicios. España, Grecia, Chipre y Portugal están en este grupo, mientras que Francia, Holanda y Bélgica se han opuesto por diversas razones, al tiempo que otros como Dinamarca o Suecia también ven con buenos ojos el certificado en atención a criterios de libertad individual de los ciudadanos. El propio presidente del Gobierno español, después de la cumbre, ha indicado que se tratará de «un instrumento válido y útil» y que deberá implantarse con un delicado empeño «en prevenir situaciones injustas y garantizar la protección de datos».
La UE insiste en que el certificado médico no debería ser considerado como un pasaporte, con lo que ello podría conllevar de discriminación por conceder derechos o privilegios suplementarios en relación a la libre circulación en el espacio Schengen, sino que se trata de una medida cuyo principal objetivo es permitir que la industria turística tenga a su alcance alternativas que valoren al mismo tiempo la seguridad sanitaria y la posibilidad de recuperar un mercado que es, hoy por hoy, inexistente.
El establecimiento del certificado pasa inevitablemente por la meta de conseguir inmunizar a un porcentaje significativo de la población (la UE mantiene la cifra del 70% durante el verano), aunque lo cierto que a estas alturas, con un escaso 6% de vacunados y con las dificultades de abastecimiento y la aparición de nuevas variantes del virus, las campañas europeas necesitan asegurar una producción más elevada que permita conseguir la deseada inmunidad de grupo. El concepto clave que estudia la UE es disponer de una solución europea conjunta y unitaria, para cortar iniciativas bilaterales o individuales que solo contribuirían a generar un escenario caótico. Así está sucediendo ya, por ejemplo, con los acuerdos de corredores sanitarios entre Grecia e Israel o con las propuestas entre los países del Grupo de Visegrado. Está en juego la credibilidad europea para «evitar que cada país elabore su propia fórmula», como ha declarado Pedro Sánchez.
El certificado de vacunación tiene sus detractores. A la discusión ética, económica y legal, con el temor de crear segmentos de ciudadanos de primera y de segunda, se le suma la de expertos en epidemiología que avisan de que la protección tras ser vacunado no impide una eventual infección con transmisión a terceros y que debe pensarse a nivel global y no solo atendiendo a reclamaciones sectoriales. Tendrá que discutirse a fondo qué significa tener el certificado y cómo podrá utilizarse, con una combinación complicada entre derechos individuales y argumentos sanitarios y económicos. Debe prevalecer, en cualquier caso, una sola voz europea, para que «otros no llenen el vacío», como ha avisado Michel.
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