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Naturgy o el desencuentro de dos capitalismos

El caso de la compañía, a la que necesitamos en nuestro alicaído panorama empresarial, debería estimular a España a definir una verdadera política industrial, y a la UE a sentar las reglas de juego de un capitalismo abierto y sostenible

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Oficinas de Naturgy

Oficinas de Naturgy

La OPA del fondo australiano IFM sobre el 22,7% del capital de Naturgy, ha sacudido la compañía y ha despertado del sopor a un empresariado español que va perdiendo presencia en el contexto global. Dado que la energética pertenece a un sector estratégico, el Estado dispone de capacidad de veto, por lo que también se han removido las aguas políticas, especialmente en el seno del mismo gobierno. 

Naturgy está controlada por tres grandes inversores, Criteria, propiedad de Fundació la Caixa, con cerca de un 25%, y dos fondos, CVC y GIP, con un 20% cada uno. La entrada de IFM, pudiendo sustituir a Criteria como primer accionista, genera una doble inquietud. De una parte, por la pérdida de control nacional sobre una compañía estratégica y, de otra, por el menor compromiso a largo plazo de sus accionistas, pues los fondos tienden a ser volátiles y a priorizar el máximo rendimiento a corto plazo. Una peculiaridad del capitalismo de nuestros días. 

La propia trayectoria de Catalana de Gas, constituida en 1843, transformada en Gas Natural hace 30 años, y actuando como Naturgy desde 2017, ilustra de manera paradigmática el tránsito del capitalismo de raíz industrial al de corte financiero. Así, vemos como, en este mundo globalizado, las corporaciones adquieren una dimensión extraordinaria, soportada en grandes inversores financieros que entran y salen del accionariado, a la búsqueda de la mayor plusvalía lo antes posible. Por ello preocupa que Criteria, que aporta estabilidad, deje de liderar la energética. 

Esta dinámica global sitúa a los gobiernos en una posición muy compleja, la de conjugar las reglas de una economía abierta, en que los capitales circulan con total libertad, con su cometido por preservar la industria nacional. Un equilibrio complejo y sutil pues, a la vez que se requiere de inversión exterior, resulta fundamental no perder los grandes centros de decisión empresarial. Y en este juego, España carece de tradición y destreza.

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A lo largo de nuestra historia, hemos sido incapaces de articular una política industrial moderna, lejos de las tradicionales medidas proteccionistas. Al ser de los últimos en incorporarnos a las reglas del libre mercado, con nuestro ingreso en la Comunidad Económica Europea en 1986, quisimos mostrarnos “más papistas que el Papa” llevando al límite la apertura de nuestra economía. Una actitud propia del converso, que no se ha dado en países como Francia, Alemania o Italia que, pese a su mayor tradición liberal, preservan mejor su industria nacional. 

Veremos qué sucede, pues la decisión depende del Gobierno español y, también, de las voces procedentes de Bruselas. El caso de Naturgy, a la que necesitamos en nuestro alicaído panorama empresarial, debería estimular a España a definir una verdadera política industrial, y a la Unión Europea a sentar las reglas de juego de un capitalismo abierto y sostenible, que no puede aceptar como lo más natural que todo acabe en manos de fondos de inversión cortoplacistas, que es a lo que vamos.