EDITORIAL

Lo que nos jugamos con Naturgy

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Lo que nos jugamos con Naturgy

La autorización de la OPA del fondo australiano IFM para comprar hasta el 22,68% de Naturgy por parte del Gobierno es un asunto demasiado complejo como para que pueda despacharse de manera frívola o, aún peor, como otro asunto político más en el que se reproduzcan abiertamente las diferentes concepciones de la economía de mercado que conviven en el ejecutivo. La empresa, los accionistas y también España se juegan demasiado. Por ello es exigible que se impongan la seriedad y el rigor en todo el proceso de análisis para alcanzar finalmente una decisión que esté plenamente justificada y cuyos argumentos resulten sólidos y razonados como para despejar cualquier duda sobre la seriedad de España y sus instituciones.

Antes de la pandemia la Unión Europea venía reforzando la necesidad de control de las inversiones extranjeras en sectores estratégicos en sus países miembros, atendiendo principalmente a los cambios estructurales de naturaleza geopolítica que se habían consolidado en el mundo. Con las lecciones del covid-19 esta necesidad se ha acentuado y se han reforzado los mecanismos legales que permiten el veto de las inversiones extranjeras en sectores que, de un modo u otro, son considerados estratégicos. A modo de ejemplo, el gobierno francés acaba de vetar definitivamente la fusión entre Carrefour y el grupo canadiense Couche-Tard argumentando razones de soberanía alimentaria.

El energético es uno de estos sectores estratégicos que merecen una especial protección que obliga a los países europeos a encontrar el equilibrio entre la necesaria preservación de sus intereses nacionales sin que resulte dañado su atractivo para la recepción de inversiones internacionales en un marco de seguridad jurídica y respeto por las normas de libre mercado.

De salir adelante su oferta sobre Naturgy, el gestor australiano de fondos de inversiones influiría decisivamente en la manera de gestionar la empresa, en sus decisiones estratégicas y en la política de reparto de dividendos. Todo ello es lo suficientemente importante para que sea analizado con el máximo detalle por parte del Gobierno. 

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Es una decisión de gran complejidad y calado la que debe tomarse. El mercado nunca verá con entusiasmo la utilización por parte de los gobiernos de la acción de oro, la prerrogativa que les permite vetar operaciones corporativas entre empresas privadas. Pero no es menos cierto que en sectores estratégicos de especial interés nacional –y la pandemia así nos lo ha recordado– es necesario mantener también sobre el tapete los argumentos de interés público que debe defender cualquier ejecutivo.

 Ello no quiere decir, no obstante, que los gobiernos puedan actuar con discrecionalidad y menos aún con frivolidad. Cualquier decisión debe ser meditada, reposada y totalmente justificada y no perjudicar innecesariamente a los accionistas. Huelga decir que esto no ha sido siempre así. Todos recordamos episodios vergonzantes de la historia económica reciente como la que se vivió con la fallida fusión entre Gas Natural –ahora Naturgy– y Endesa, que el poder político abortó con argumentos que nada tenían que ver con el interés general. En esta ocasión el debate debe ser de mayor calidad para que el rigor de la decisión final quede blindado y, con él, la seriedad de España ante el mundo.