La caja b del PP

La confesión de Bárcenas

Lo que mediática o políticamente puede ser suficiente no lo suele ser procesalmente, por eso es preciso obtener pruebas de las acusaciones del extesorero, que socavan la democracia

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Luis Bárcenas, en el banquillo de los acusados en la Audiencia Nacional.

Luis Bárcenas, en el banquillo de los acusados en la Audiencia Nacional. / POOL / EFE / Juan Carlos Hidalgo

Siempre resuenan las declaraciones que en forma de confesión realizan personas conocidas por el gran público, especialmente si se les coloca la etiqueta de “arrepentidos”, aunque pocas veces lo sean. En su día fueron Victoria Álvarez o Félix Millet, y bastante antes, José Amedo o Ricardo García Damborenea en el caso GAL. Ahora ha dicho que va a hablar –de momento ha hablado muy poco– Luis Bárcenas, que ha descrito una trama continuada de corrupción en la que el Partido Popular habría recibido dinero de grandes empresas a cambio de adjudicaciones, e incluso ha señalado la financiación a un medio de comunicación por enredar la información acerca de los atentados del 11 de marzo, haciendo creer que todo habría sido una conspiración del PSOE para hacerse con el poder.

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Se ha apuntado que la credibilidad de esta declaración de Bárcenas se empezaría a construir con el famoso SMS de Rajoy “Luis sé fuerte, hacemos lo que podemos”, y se asentaría en los reiterados intentos propiciados supuestamente por el Ministerio del Interior en la etapa de Fernández Díaz por hacerse con la información comprometedora que Bárcenas pudiera tener. Esos intentos están siendo objeto de investigación, por lo que todavía es muy pronto para lanzar las campanas al vuelo. De momento, todos son inocentes, salvo Bárcenas y otros, que ya han sido condenados. Sin embargo, toda la información ha sido suficiente para generar una réplica más, una de las más duras, del terremoto político que hace tiempo que aqueja al Partido Popular a cuenta de la corrupción.

Pocas elucubraciones posibles

Sin embargo, lo que mediática o políticamente puede ser suficiente, no lo suele ser procesalmente. Una sentencia provocó la censura y destitución de Rajoy, porque ante la verdad declarada por una sentencia con sustento probatorio suficiente, hay pocas elucubraciones posibles. Pero si para la política una habladuría debidamente repetida puede ser suficiente, no lo es para el proceso penal.

La razón es que ante los jueces rige el derecho a la presunción de inocencia, y para descartar esa inocencia se requieren pruebas que no dejen dudas razonables a un juez. Hace siglos, casi 2.000 años, que se viene exigiendo más o menos así; que no se condene por sospechas, sino con pruebas. Pero en política no hace falta tanto, simplemente porque la ciudadanía –erróneamente– no cree en la presunción de inocencia. Así se precipita en sus juicios sobre las responsabilidades ajenas, y tiende a creer los rumores negativos por temor a sufrir un perjuicio. Y en este caso, si lo que se extiende en la sociedad es el rumor de que un político es corrupto, lo que querrá la gente, “we, the people”, es apartarlo cuanto antes.

Impacto

Por eso la declaración de Bárcenas tiene tanto impacto. Pueden bastar unas pocas hojas escritas con faltas clamorosas de sintaxis, ortografía o semántica para destrozar una campaña electoral o un liderazgo. Qué lástima que no produzca el mismo impacto el pasaje más importante de todas las declaraciones de Bárcenas, el único completamente creíble: que habla ahora porque argumenta que le ofrecieron protección para su mujer a cambio de silencio, y sin embargo su mujer está en la cárcel. Lo que confirma que Bárcenas cree que hay personas en este país que llaman a jueces y fiscales para conseguir beneficios personales y que, siempre según su creencia, algunos se prestan.

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Probablemente sustente esa creencia el “esto la fiscalía te lo afina”, pasando por el “yo tengo un fiscal de confianza” de aquella comida de La Camarga, o por el “controlar desde atrás la Sala Segunda del Tribunal supremo” de aquel whatsapp, hasta todo el estercolero inmundo que desvelan las grabaciones de Villarejo o las conferencias tan bien pagadas que organizaba Ausbanc “para ganarse las simpatías de los jueces”. Todos estos comentarios, que aún deben comprobarse judicialmente, aunque no evidencien que hay jueces y fiscales que se dejen “tocar”, sí demuestran que demasiadas personas lo piensan y hasta alardean de ello, algunas con cargo público.

Para condenar es preciso obtener pruebas, cierto es. Habría que mejorar los esfuerzos por obtenerlas, pero no solo de los trapicheos económicos, sino de las maniobras descritas en el anterior párrafo, que si existen, socavan la democracia.