La tribuna

Por qué la ley trans divide al movimiento feminista

Si realmente la norma que impulsa el Gobierno no tiene ninguno de los problemas que el movimiento feminista radical señala, el propio Ejecutivo debería hacer pedagogía y responder punto por punto

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Imagen de archivo de una protesta de activistas y madres de menores trans en el Congreso de los Diputados.

Imagen de archivo de una protesta de activistas y madres de menores trans en el Congreso de los Diputados. / JOSE LUIS ROCA

Desde hace tiempo, las principales búsquedas en internet sobre feminismo son "transexualidad" o "teoría ‘queer’". No hay interés sobre las víctimas de la violencia machista. Esto es lo que está sucediendo desde el impulso de la ley trans (concepto que engloba a transexuales y transgénero), que ha coincidido con el cambio del Ministerio de Igualdad a Podemos. 

Que se filtre el borrador de la ley trans antes del 8-M es muy significativo porque la división del movimiento ya empezó antes en el mismo seno del 8-M, con feministas incluso agredidas.

El feminismo radical no tiene nada que ver con el más posmodernista. La violencia de género se llama así porque el género es el constructo social que oprime a las mujeres y, por eso, su fin es abolirlo para que los niños y niñas no sean educados con estereotipos ni mandatos de género que crean violencia. El movimiento feminista radical señala que esta ley usa el género para reforzarlo, dado que es el concepto que cualquier persona podrá usar para identificarse, y que se borra así a las mujeres y sus derechos.

Las mujeres que denuncian violencia de género se encuentran con un marco jurídico que se basa en conceptos. Y ese marco jurídico tendrá cuestiones por resolver frente a esa ley

Se tacha a este movimiento de ser demasiado conceptual. Pero es que las mujeres que denuncian violencia de género se encuentran con un marco jurídico que sí se basa en conceptos. Por eso son importantes. Y parte de ese marco jurídico tendrá cuestiones por resolver frente a esa ley. Por eso, resulta llamativo el silencio de asociaciones como Mujeres Juezas o el propio Consejo General del Poder Judicial, que deberían manifestarse para aclarar muchas dudas.

Además de los desacuerdos sobre el contenido de la ley, hay cuestiones de forma previas. Una parte de las asociaciones se sintieron menospreciadas por el ministerio, más allá del cambio político, por la simbología de algunos de sus actos. Desde una reunión con 'influencers', pasando por la urgencia en la tramitación de esta ley trans frente a otras prioridades de la agenda feminista o la asistencia a los premios Triángulo 2020. Junto a ello, acusaciones a las feministas radicales no solo de 'terfs' sino de "tontas de pueblo" desde cuentas institucionales. Todo el movimiento feminista tiene el derecho de hacer críticas, gusten o no sus formas o argumentos. Y una de las tareas de cualquier cargo político o institucional es buscar consensos. Por muy tensas que fueran las negociaciones del Ministerio del Trabajo con la patronal, todo se ha resuelto en mesa, no en tuits cruzados. La política es eso, sentarse incluso con quienes no se quiere. 

Se acusa al movimiento feminista de no empatizar con las discriminaciones o violencias innegables de las personas trans, pero tengo la sensación de que a menudo no se repara en que el movimiento feminista tampoco es un ente abstracto. Está compuesto también de víctimas y supervivientes. Y todas merecen respeto a su dolor. Mujeres con situaciones extremas de violencia, violadas o maltratadas. Es lógico que si escuchan voces dispares dentro del movimiento tengan miedo o dudas. En una casa de acogida una mujer me preguntó si su exmarido podría acogerse a esta ley porque había leído que en los foros machistas ya se comentaba. Marido que le puso una denuncia cruzada. Que una mujer que vive en una casa de acogida pregunte eso no la convierte en objeto de insultos ni de ‘terf’, sino en una duda de supervivencia. El miedo es libre y la labor de un ministerio y de un Estado es la de quitar ese miedo con información y transparencia

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Si realmente esa ley no tiene ninguno de los problemas que el movimiento feminista radical señala, Igualdad o el propio Gobierno deberían hacer pedagogía y responder punto por punto, igual que cuando quieren desmontar cualquier bulo. 

Esto es solo un borrador. Queda el trámite parlamentario. El comunicado de Carmen Calvo y su convocatoria de feministas socialistas para este verano vaticina que el Gobierno es consciente del alcance y que podría afectar en las próximas urnas. Mientras, queda claro que los errores de comunicación se pagan. De haberse subsanado a tiempo se habría evitado esta herida profunda. No solo en el movimiento, sino algo aún peor. El daño al feminismo, el mismo que necesitan sus víctimas para sobrevivir.