Editorial

Ocupaciones: diversas tipologías

Conviene poner el acento en la problemática específica de la exclusión social y actuar decididamente, y ser contundente con el resto de casuísticas

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Desalojo en la calle del Trobador, en Barcelona, el pasado diciembre.

Desalojo en la calle del Trobador, en Barcelona, el pasado diciembre. / RICARD CUGAT

Las cifras hablan por sí solas. En el año 2016 se llevaron a cabo en Catalunya unos 14.000 desahucios y en solo un 12% de los mismos se requirió la presencia de las fuerzas policiales. En el año de la pandemia, la cifra oscila en torno a los 4.000, una notable disminución que, no obstante, no ha evitado el aumento progresivo del porcentaje de «lanzamientos» a cargo de los Mossos. Ello nos da una idea de la creciente crispación en torno a los desahucios, en unos momentos en que la precariedad de las familias en riesgo de exclusión ha crecido de manera exponencial. Las detenciones efectuadas a causa de estas intervenciones también han subido: se han dado tres veces más arrestos en 2020 que en 2016.

En la problemática de la crisis habitacional se mezclan aquellos que se ven afectados por los impagos de alquileres o de hipotecas con los que han ocupado viviendas a partir de casuísticas muy diversas que pueden concretarse en tres tipologías. La de los colectivos okupas que se apoderan de espacios abandonados a partir de una convicción ideológica; la de grupos mafiosos organizados que utilizan las viviendas como núcleo de una actividad delictiva (como ocurrió en el Raval en 2017 o recientemente en Poble Sec o Sants); la de familias sin techo donde cobijarse que ocupan un espacio como última solución vital; y, en menor medida, según los expertos, aquellas ocupaciones que suponen un flagrante delito de usurpación del derecho a la propiedad, con prácticas fraudulentas como el pago de un hipotético alquiler al legítimo propietario o la contratación espuria de seguros de vivienda. Los casos de los que se hace eco el reportaje de EL PERIODICO ofrecen una perspectiva global de la cuestión, tanto desde la perspectiva socialmente más dramática como de la que afecta a personas que ven invadida su intimidad por la intrusión de moradores que amenazan su estilo de vida o, peor aún, que exigen rescate por un inmueble del que son legítimos propietarios. Ante el auge de estos episodios, la policía catalana está llevando a cabo una auditoría interna para proceder en consecuencia y en virtud de las distintas tipologías de la ocupación.

Los datos del Ayuntamiento de Barcelona avalan el hecho que una gran mayoría de las ocupaciones se refieren a familias que, después de periplos que pasan a menudo por alquileres en habitaciones infames o por otros tipos de precariedad vivencial, acuden como recurso final a la ocupación a través de organizaciones criminales organizadas que proporcionan las llaves. En este sentido, entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el Sindicat de Llogateres advierten que no debería criminalizarse a este colectivo vulnerable sino a las mafias que se aprovechan de su fragilidad. La especulación inmobiliaria (con la mayoría de pisos ocupados propiedad de bancos o de fondos buitre) está en el fondo del asunto y solo tendrá visos de solución, según las entidades, a través de una regulación efectiva del precio, de un alquiler social efectivo y real, de la no discriminación de minorías en el acceso a la vivienda y del aumento del parque de vivienda protegida, hoy por hoy escaso. Conviene poner el acento en la problemática específica de la exclusión social y actuar decididamente. Y ser contundente con el resto de casuísticas.

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