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¿Quién paga el Castor? Nosotros

El almacén de gas es una muestra de la política en la que los errores los pagan los contribuyentes

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Las plataformas del proyecto Castor frente a las costas de Vinaròs (Castellón).

Las plataformas del proyecto Castor frente a las costas de Vinaròs (Castellón). / EFE

Las actuaciones políticas tienen consecuencias sobre nuestras vidas. Unas veces en positivo y otras en negativo. El almacén de gas Castor es una buena muestra, un reflejo de esa política de pasar la pelota en la que los errores apenas se pagan. O, para ser exactos, los pagan los demás.

El proyecto fue aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008 mediante un real decreto. Se incluyó una compensación para la sociedad concesionaria en caso de liquidar el contrato, equivalente a la cantidad invertida, a no ser que se hubiera habido "dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria".

En 2013, tras seis meses de inyección de gas, empezó una crisis sísmica que generó cerca de un millar de temblores en Alcanar y Vinaroç. El proyecto se acabó paralizando y se invocó la compensación para la sociedad concesionaria (controlada mayoritariamente por la ACS de Florentino Pérez), que fue reconocida por el consejo de ministros en octubre de 2014.

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Ni el anterior gobierno socialista ni luego el del PP de Mariano Rajoy solucionaron este problema que ahora se salda con un endeudamiento de 1.350 millones para pagar a los bancos. Un buen mordisco. Pero no se equivoquen de culpable, Santander, CaixaBank y Bankia (estas dos últimas pronto serán una sola) concurrieron a una puja después de que el Gobierno del PP endosara el compromiso de pago a Enagás, en la que el Estado tiene una participación; y esta su vez, lo cediera a la terceros a cambio de los derechos de cobro de la factura del gas durante 30 años. La única fórmula de atraer financiadores fue un interés del 4,27%, que de haberse mantenido la fórmula, hubiera convertido los 1.350 millones iniciales en más de 4.200 millones al final del periodo.

La justicia lo paralizó para que los usuarios de gas no cargaran con el desaguisado. Pero luego reconoció los derechos de los bancos que adelantaron la compensación a la concesionaria, evitando que el Estado engordara su déficit. Todo sin culpables señalados. Pero, como la deuda hay que saldarla, sea por una vía o por otra, adivinen quién carga al final con ella.