Los presos independentistas

Condiciones para un indulto

Antes de conceder ningún indulto, el Gobierno español debería esperar a ver qué ocurre con la formación del nuevo Govern, porque si hubiera mayoría separatista, el riesgo de que se emprendiese otro ‘procés’ es altísimo

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Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull, en la Audiencia Nacional.

Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull, en la Audiencia Nacional.

La desconvocatoria de las elecciones del 14-F que intenta el Govern, en caso de prosperar ante el TSJC, condicionaría negativamente la suerte de los presos del ‘procés’, porque los posibles indultos se quedarían en modo de espera. Como sabemos, la posibilidad de acordar esa medida de gracia es una potestad exclusiva del Consejo de Ministros, que puede ejercerla independientemente de lo que sobre cada caso digan la Fiscalía y el Tribunal Supremo. Por tanto, en último término es una decisión política. El debate sobre el indulto empezó mucho antes de que los acusados hubieran sido procesados y sigue hasta hoy, cuando ya han cumplido tres años de cárcel. Me identifico con la inmensa mayoría de españoles que piensa que tuvieron un juicio justo y que los hechos que sucedieron en 2017 fueron de una enorme gravedad. A la luz del asalto al Capitolio y del ocaso del ‘trumpismo’, la prensa anglosajona ha escrito que una sedición es un atentado intolerable contra la democracia. En Catalunya, los dirigentes de la Generalitat rompieron el Estatut y la Constitución el 6 y 7 de septiembre, y se pusieron al frente de un acto de rebeldía, aunque todo acabase de forma desconcertante para muchos independentistas tras la falsa DUI.

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Hay quien cree que debería habérseles evitado la cárcel, bien por tratarse de un castigo excesivo o porque con ello solo se les ha victimizado y enquistado el conflicto en la sociedad. No comparto ese punto de vista porque el daño a la convivencia, a la democracia y a las instituciones fue gravísimo y porque la pena de prisión ha evitado que la unilateralidad se haya instalado como una amenaza permanente. Solo la cárcel parece haber hecho cambiar el criterio de los dirigentes separatistas, particularmente a los de ERC. Por fin Oriol Junqueras o Raül Romeva aceptan que no se puede imponer la secesión contra el deseo de la otra mitad de la sociedad, como pretendieron hacer en 2017, y que para lograr la ruptura territorial necesitarían grandes mayorías durante mucho tiempo. Claro está que todo eso ya lo sabían, pero creyeron que si se presentaban como líderes de un movimiento pacífico de masas no irían a la cárcel. Todavía no han pedido perdón, pero su paso por la prisión les está haciendo reflexionar más de lo que se atreven a reconocer en público.

Efectos deseados

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La condena pues ha sido útil, aunque tras tres años de privación de libertad también podría serlo un indulto si sirviera para curar heridas y pasar página al lamentable ‘procés’. Si fuera útil para el reencuentro entre catalanes. Un indulto no tanto porque ellos personalmente lo merezcan poco o mucho, sino porque sería bueno para el conjunto de la sociedad. Pero la medida de gracia es política y para que produzca los efectos deseados tienen que darse una serie de condiciones. Antes o después habrá elecciones en Catalunya, y lo que no puede ser es que en la próxima legislatura la tensión secesionista siga marcando la agenda política. No se trata de que los independentistas dejen de serlo, pero no sería aceptable que si obtienen de nuevo mayoría y forman Govern se comprometan a iniciar otro desacato al orden constitucional.

Los anticapitalistas de la CUP se ofrecen para entrar en el próximo Ejecutivo con la condición de que se lleve a cabo un nuevo referéndum antes de 2025, mientras en Junts hablan de “activar” la DUI de 2017, sin explicar lo que eso significaría pero muy tranquilizador, claro está, no parece. Y en ERC lo que quieren sobre todo es hacerse con la presidencia de la Generalitat, para lo que tendrían que aceptar las exigencias de esos dos socios y balancearse de nuevo en su contradictorio discurso sobre la unilateralidad, a la que todavía no han renunciado. Por tanto, antes de conceder ningún indulto, el Gobierno español debería esperar a ver qué ocurre con la formación del nuevo Govern. Porque si hubiera mayoría separatista, el riesgo de que se emprendiese otro ‘procés’ es altísimo. Los indultos, así como la reforma del Código Penal, han de servir para poner un punto y final, no para premiar lo que hicieron mal o alentar que lo vuelvan a hacer. Los indultos han de estar condicionados al respeto a las reglas de juego en democracia, de lo contrario el PSOE podría sufrir un notable castigo electoral. Y a corto plazo perjudicaría al PSC y la candidatura de Salvador Illa.